El crimen de un joven de 23 años durante un asalto en José C. Paz quebró cualquier pacto de silencio en la Provincia de Buenos Aires. El intendente en uso de licencia y senador provincial Mario Ishii reactivó su embestida contra Axel Kicillof para exigirle que la gobernación asuma los costos operativos de la policía local. La interna bonaerense arde al calor de la sangre caliente de la calle. Mientras los distritos pagan combustible y cubiertas con tasas municipales sobrecargadas, la paciencia territorial llegó a su límite exacto de tolerancia.

La jefa comunal interina, Lorena Espina, ofició de vocera formal de la furia de los barones comunales con una misiva oficial de tono incendiario dirigida directamente a La Plata. La nota cursada al Poder Ejecutivo Provincial expone el desgaste operativo de una gestión que gasta millones propios para tapar baches ministeriales. “Exigimos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, disparó la mandataria municipal. En los pasillos paceños aseguran que el reclamo no es técnico, sino netamente de supervivencia política.

El encono arrastra varios meses de bronca acumulada desde que el cacique comunal presentó formalmente un proyecto de ley en el Senado Bonaerense. La propuesta legislativa duerme el sueño de los justos en los cajones de comisiones alineadas con el mandato indiscutido de la gobernación. El dinero de las patrullas no puede salir del bolsillo de los vecinos. La iniciativa busca que la cartera de seguridad cubra el 100% del mantenimiento vehicular que hoy absorben intendencias desfinanciadas.

En el Palacio Municipal advierten que las comunas operan como escudos fiscales del gobernador mientras los contribuyentes sufren la desprotección a diario. La orden de reactivar el conflicto bajó con la urgencia que imponen las sirenas nocturnas en los barrios más postergados. “La seguridad requiere de acciones inmediatas y es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad”, enfatizó el despacho oficial con una crudeza inhabitual para la tropa peronista. La pulseada por la caja abre una grieta de pronóstico reservado.

En el articulado de su iniciativa, el histórico caudillo justicialista fundó su reclamo en la distribución legal de facultades constitucionales que la administración central desatiende. No hay margen para rodeos teóricos cuando la nafta de los móviles policiales se devora los presupuestos de salud y obras locales. “Las competencias públicas deben ejercerse con los recursos correspondientes al nivel de Gobierno al que la Constitución y las leyes asignan dichas funciones”, reza el texto parlamentario. Para el paceño, cada patrullero detenido por falta de combustible tiene un único responsable político en la capital provincial.

La batalla por la coparticipación de hecho no admite marcha atrás en un año donde la rosca legislativa definirá liderazgos territoriales determinantes. Mientras el ministro de turno mira hacia otro lado, los jefes comunales ya evalúan coordinar un reclamo colectivo que desarticule el cerco platense. “La seguridad pública es una competencia propia de la Provincia”, sentenciaron los fundamentos del proyecto que ahora vuelve a la mesa. La tregua del oficialismo conurbano quedó dinamitada por la asfixia económica y la falta de respuestas.

Lo que tenés que saber sobre la rebelión de Ishii contra Kicillof

• El detonante: El asesinato de un joven de 23 años en un robo en José C. Paz reactivó la furia comunal por la falta de recursos y prevención.
• El reclamo económico: Mario Ishii exige que la Provincia absorba el 100% de los gastos de combustible, repuestos y mantenimiento de patrulleros.
• Proyecto paralizado: La iniciativa duerme en el Senado Bonaerense, retenida por la tropa legislativa que responde al gobernador.
• Vocera directa: La intendenta interina Lorena Espina envió una intimación formal exigiendo que La Plata asuma su mandato constitucional.
• Tensión en el PJ: El conflicto evidencia el quiebre entre los intendentes del conurbano y la cúpula bonaerense por el reparto de fondos en áreas críticas.