Los trabajadores de los policlínicos PAMI I y PAMI II de la ciudad de Rosario denunciaron formalmente la ejecución de un plan de vaciamiento institucional que derivó de prepo a más de 15.000 afiliados hacia el sector privado. La maniobra responde a la directiva local encabezada por Pablo Flores, sindicado en los pasillos sanitarios como un alfil del ministro de Salud Mario Lugones y del empresario santafesino Carlos Tita. El desvío compulsivo de pacientes desarmó la atención pública en beneficio de clínicas privadas, quitándole de un plumazo el 25% del padrón a los efectores estatales. La rosca no termina en los mostradores de atención: arrastra vínculos directos con la cúpula judicial de la Argentina.

El beneficiario directo de esta sangría es el magnate médico rafaelino, dueño del Hospital Italiano Garibaldi y mandamás en las sombras del sanatorio Rosendo García, perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica. La musculatura corporativa de este personaje no nació ayer: edificó su imperio en los años noventa en la provincia de Santa Fe, cuando compartía sociedades y representación de obras sociales con el actual ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Los viejos pactos de la salud sindical sobrevivieron a todos los gobiernos, articulando una red de prestadores que hoy vuelve a ganar terreno a costa del bolsillo previsional. Aquella sociedad fundacional explica por qué ningún funcionario provincial se anima a tocar los intereses del clan médico.

El prontuario del empresario sumó tensión en los tribunales federales, donde su apellido quedó salpicado en la causa que acorrala al juez federal Gastón Salmain. La pesquisa apunta a determinar si el dueño de clínicas financió un soborno de 100.000 dólares solicitado por el magistrado para blindar penalmente al exdirector regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Vaudagna. Los peritajes telefónicos expusieron un intercambio financiero incompatible con la función pública, descubriendo que el exrecaudador operaba de asesor contable privado mientras cobraba su sueldo del Estado. En medio de ese frente judicial abierto, la Casa Rosada decidió abrirle el grifo de los jubilados rosarinos sin ningún tipo de prurito.

La avanzada también esconde un negocio de ladrillos: el inmueble céntrico de calle Sarmiento al 400 ya sorteó dos intentos de clausura express. El primer ensayo de desalojo ocurrió tras una dudosa pérdida de gas donde las derivaciones hacia las clínicas privadas ya estaban pautadas de antemano, maniobra desactivada por la resistencia gremial que le costó el puesto a la exadministradora Graciela Ravarotto. Tras su salida, la designación de Flores por parte del titular nacional del instituto, Esteban Leguizamo, aceleró la sangría junto al desembarco de Alejandro Damián Wittenberg en el área de control prestacional. El apetito inmobiliario sobre el centro rosarino empuja el cierre definitivo del edificio histórico, mientras los abuelos deben esperar meses para conseguir un turno elemental.

El vaciamiento estructural convive con un tendal operativo que dejó a los policlínicos con un centenar de empleados menos entre renuncias por salarios de miseria y jubilaciones sin reemplazo. La carencia de insumos, prótesis y servicios de diagnóstico se agrava con persecuciones sindicales como la sufrida por la delegada de la Asociación Trabajadores del Estado, Melina Gutiérrez, cesanteada y luego restituida por la Justicia. El maltrato laboral y el desabastecimiento configuran un cuadro deliberado de abandono asistencial, mientras emergen sospechas a escala federal por sobreprecios de hasta el 300% en compras directas de insumos higiénicos para adultos. Un escenario asfixiante que no responde al azar sino a una asfixia presupuestaria milimétricamente diseñada.

La desidia, sin embargo, excede a la gestión libertaria y desnudó la hipocresía de la casta política que utilizó al organismo como caja partidaria durante décadas. Cerca de la mitad de la plantilla profesional subsiste bajo la precariedad del régimen monotributista con contratos que superan los quince años de antigüedad sin derechos laborales. Las promesas de pase a planta permanente quedaron sepultadas bajo sucesivos discursos electorales, desde los anuncios incumplidos de la camporista Luana Volnovich tras la pandemia hasta las promesas de campaña de Sergio Massa. Con el cambio de signo político, los nombres de la rosca mutaron, pero el mecanismo para tercerizar la salud pública sigue rindiendo millones a los mismos de siempre.

Lo que tenés que saber sobre el vaciamiento del PAMI en Rosario

• Pérdida de cápitas: Los policlínicos PAMI I y PAMI II perdieron 15.000 afiliados (más del 25% del total), derivados sin consentimiento a prestadores privados.
• Clínicas receptoras: El grueso de los pacientes fue transferido al Hospital Italiano Garibaldi y al sanatorio Rosendo García de la Unión Obrera Metalúrgica.
• El nexo empresarial: Las clínicas responden a Carlos Tita, histórico empresario rafaelino que en los años noventa fue socio comercial del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.
• Causa judicial federal: Tita quedó involucrado en la investigación por presuntas coimas de 100.000 dólares que involucra al juez federal Gastón Salmain y al exfuncionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Vaudagna.
• Sospecha inmobiliaria: Trabajadores denuncian intentos de cierre sobre el histórico edificio céntrico de calle Sarmiento al 400 por su alto valor comercial.
• Precarización histórica: Alrededor del 50% de los médicos y especialistas prestan servicios facturando como monotributistas con contratos precarizados de más de quince años de vigencia.