La rosca del negocio sanitario acaba de estrellarse de lleno contra los tribunales de Comodoro Py. Informes periciales que el Ministerio de Salud elevó a la Justicia detallan maniobras escandalosas durante la conducción de Diego Spagnuolo en la ex Agencia Nacional de Discapacidad. Entre expedientes opacos, el expediente judicial desnuda compras públicas con diferencias de hasta 1972% mientras miles de beneficiarios esperaban insumos que nunca llegaron en tiempo y forma a sus manos.

El desparpajo burocrático tocó fondo en la provincia de Río Negro, donde un paciente esperaba una prótesis clave para rehabilitarse. La auditoría descubrió que el remito fue rubricado por la madre del damnificado bajo engaño durante la toma de medidas, constatando que la entrega del material nunca se concretó en la realidad territorial y confirmando que la supuesta recepción oficial solo existía en el papel membretado de los despachos.

La intervención encabezada por Alejandro Vilches dejó constancia de que los expedientes analizados exhiben maniobras técnicamente indefendibles. En julio de 2025, la firma Farma Salud embolsó $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter, mientras que PAMI pagaba apenas $124,2 millones por el mismo equipamiento médico en operaciones paralelas, registrando además brechas que treparon al 711% en prótesis pulmonares autoexpandibles.

El festival de precios desorbitados continuó con los implantes cocleares facturados por la proveedora Droguería Floresta a un costo insólito. Cada unidad se liquidó a un promedio de US$ 62.613, monto que triplica los valores de referencia del mercado que rondaban los US$ 16.975 según los relevamientos de costos oficiales, generando un sobrecosto unitario de US$ 45.638 a costa de las arcas públicas del Estado Nacional.

La desprolijidad administrativa también golpeó a empresas como Indecomm, donde los auditores encontraron órdenes canceladas dos veces consecutivas por $28,7 millones. Por su parte, la firma Neurosalud cobró $132,4 millones por un neuroestimulador, cuando la misma tecnología costaba $41,5 millones en otras dependencias estatales, configurando una brecha injustificable del 219% que ahora examinan los peritos contables de los tribunales.

El dictamen remitido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el fiscal federal Franco Picardi apunta a un esquema de proveedores cerrado y cartelizado. Pese a que la industria nacional ofrecía alternativas de mayor durabilidad y menor precio, el organismo insistió en módulos importados con sobreprecios de hasta el 1000%, completando un cuadro donde hasta un andador de Ortopedia Bernat exhibió un recargo del 4239% en el circuito oficial.

Lo que tenés que saber sobre la causa Andis

• La cifra: Diferencias de hasta 1972% en prótesis, válvulas e implantes respecto a los valores abonados por PAMI.
• El modus operandi: Compras duplicadas, contratación de insumos importados por encima de alternativas nacionales y remitos firmados sin entrega real.
• El foco judicial: El fiscal Franco Picardi y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas investigan licitaciones direccionadas a un pool reducido de droguerías.
• Los involucrados: La gestión de Diego Spagnuolo y auditorías oficiales ratificadas por el interventor Alejandro Vilches.