El gobernador Raúl Jalil quedó contra las cuerdas tras una denuncia explosiva radicada en Comodoro Py. La presentación judicial exige investigar el destino de fondos públicos nacionales asignados al Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca. En los pasillos de Catamarca nadie logra explicar cómo la rosca provincial licuó un reclamo fiscal multimillonario que benefició a contratistas amigos del poder. La trama involucra transferencias opacas, multas millonarias perdonadas y la pasividad cómplice de organismos de control.

El expediente señala que en agosto de 2022 la provincia adjudicó la obra a la firma MEGA. La compañía del empresario salteño Carlos Fernando Berruezo Sánchez embolsó un anticipo financiero inicial de $454 millones. El tiempo corrió sin caños enterrados ni avances visibles y el negocio de la obra pública devoró las promesas energéticas de toda la región norteña. Aquel desembolso preliminar derivó en sanciones oficiales que prometían terminar en los tribunales ordinarios.

La gobernación rescindió el contrato en abril de 2024 luego de imponerle a la constructora una penalización severa. Aquella sanción administrativa ascendía a la cifra de $1.963 millones por incumplimientos contractuales flagrantes. Los conocedores del territorio recuerdan que los abogados estatales borraron la penalidad de un plumazo mediante un polémico convenio extrajudicial firmado bajo estricto hermetismo. La empresa entregó apenas una fracción mínima y logró recuperar sus garantías financieras sin contratiempos.

El pacto selló la entrega de apenas $301 millones para dar por finalizada la disputa con la empresa. Los peritos denuncian que la sanción original superaba holgadamente los $6.821 millones al actualizarse por el índice inflacionario. Desde la oposición señalan con furia que el pacto express vació las arcas estatales sin auditoría previa ni dictámenes técnicos que justificaran la quita. Ningún funcionario rubricó la conveniencia de renunciar a semejante acreencia frente al Estado nacional.

La denuncia impulsada por Sofía Nahur Rivera Ortega apunta a una maniobra coordinada entre ministros y fiscalías. El escrito involucra al actual fiscal de Estado Nicolás Rosales Matienzo, a su antecesor Marcos Rodolfo José Denett y al ministro Alberto Adolfo Natella. La presentación ante la Justicia Federal enfatiza que los fondos nacionales no podían utilizarse como caja política discrecional de la administración catamarqueña. El destino final de los recursos continúa siendo un misterio administrativo sin resolver.

El temblor judicial sacude los despachos provinciales y conecta con el exministro de Agua Alberto Kozicki. Cuatro diputados opositores ya habían alertado la maniobra en septiembre ante el fiscal general local sin obtener respuestas. Los analistas del peronismo advierten que el fuego judicial amenaza la estabilidad política del gobernador norteño en momentos donde la Casa Rosada ajusta las transferencias. La causa recién arranca y promete destapar más esquemas de contrataciones preferenciales en el interior.

Lo que tenés que saber sobre la denuncia a Raúl Jalil

• La acusación penal: El mandatario Raúl Jalil fue denunciado ante la Justicia Federal por administración fraudulenta y malversación de fondos nacionales.
• El proyecto en la mira: Se trata de la paralización del Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca, adjudicado por un presupuesto original de $4.560 millones.
• El arreglo bajo sospecha: La contratista MEGA debía una multa de $1.963 millones, pero el Ejecutivo provincial la canceló por apenas $301 millones.
• Los imputados: La denuncia incluye al fiscal de Estado Nicolás Rosales Matienzo y al ministro provincial Alberto Adolfo Natella.