El relato libertario chocó de frente contra la frialdad de los expedientes administrativos de Buenos Aires. En los pasillos de Casa Rosada las órdenes bajan con épica de guerra santa, pero los números oficiales cuentan otra historia. En el parlamento nacional, la propia tropa gubernamental terminó desnudando las exageraciones presidenciales sin margen para el disimulo. El presidente Javier Milei aseguró en televisión haber expulsado a 30.000 supuestos extremistas de Argentina, pero la documentación oficial no resistió el menor cotejo.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni tuvo que poner la cara ante el Congreso de la Nación. La respuesta a la pregunta 1942 liquidó la fantasía de las brigadas internacionales: las fuerzas federales apenas tramitaron 215 expedientes por averiguaciones especiales entre 2020 y 2025. El vocero dejó en claro que solo treinta y un causas permanecen en trámite judicial formal mientras que el resto fue archivado. La distancia entre el megáfono mediático de Luis Majul y la estadística criminal del Ministerio de Seguridad dejó al gobierno pedaleando en el aire.

FABRICABA BOMBAS EN SU CASA Es menor, pero imputable. Consumía contenido yihadista terrorista del grupo ISIS en redes y bajaba instrucciones para armar explosivos y usarlos en actos terroristas. Los efectivos de la PFA llegaron a él gracias a la investigación que inició la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) al recibir la alerta del FBI. Identificaron la IP, dieron con el paradero y lo fueron a buscar a la casa, repleta de elementos para armar bombas. Las hace, las paga.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 24, 2024

La rosca se puso más oscura cuando el diputado Rodolfo Tailhade expuso el trasfondo de las carpetas. Lejos de comandos operativos extranjeros, cinco de las investigaciones involucraron a menores de edad vulnerables. Los operativos de la Policía Federal Argentina se activaron por alertas automáticas del FBI enviadas desde la Embajada de los Estados Unidos. Lo que la propaganda vendió como células dormidas no era más que un puñado de adolescentes desclasados jugando con cables en sus habitaciones sin recursos ni planes criminales.

Los partes de inteligencia rozan el absurdo de la comedia burocrática cuando se lee la letra chica. En un allanamiento en Malvinas Argentinas, la exministra Patricia Bullrich celebró la captura de un supuesto fabricante de material explosivo. El secuestro judicial documentó alicates, pilas doble A y pegamento doméstico, por lo que la supuesta amenaza terminó archivada en una causa sin armas con el acusado en libertad. Similares despropósitos ocurrieron en Olavarría, Ensenada, San Miguel y Quilmes, donde un niño con tratamiento psiquiátrico quedó bajo tutela estatal.

El procurador general Eduardo Casal aportó el golpe de gracia con los números de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional. Según sus registros, en todo el territorio nacional existen menos de 100 expedientes activos por figuras de la ley penal. La trampa radica en que el oficialismo utiliza la tipificación penal para perseguir la protesta social opositora en lugar de neutralizar conspiraciones. Figuras agravadas se desempolvaron para castigar a manifestantes callejeros y escraches contra dirigentes como José Luis Espert.

Para rematar el acting de la seguridad nacional, las palabras del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, cerraron el círculo. Ante la comisión bicameral del parlamento, el funcionario reconoció bajo reserva que no existe hipótesis de despliegue hostil en el suelo argentino. En el fondo, el relato libertario inventó un enemigo colosal para justificar el alineamiento geopolítico mientras la diaria muestra que no hay financiamiento, no hay tropas foráneas y, sobre todo, no hay plan.

Lo que tenés que saber sobre la polémica por las cifras de seguridad

• La cifra presidencial: Javier Milei afirmó públicamente haber expulsado a más de 30.000 personas vinculadas a actividades extremistas.
• El desmentido oficial: En el informe legislativo presentado por Manuel Adorni, el Ejecutivo admitió que apenas se abrieron 215 causas entre 2020 y 2025, con solo 31 aún abiertas.
• El rol de las agencias foráneas: Los operativos se basaron en alertas informáticas enviadas por el FBI de la delegación diplomática de Estados Unidos, muchas de las cuales involucraban a menores en redes.
• La postura judicial y de inteligencia: El procurador Eduardo Casal contabilizó menos de 100 investigaciones activas, mientras la SIDE descartó hipótesis de conflicto en el territorio.