La rosca política puntana cruzó la Avenida General Paz para librar una batalla con olor a ladrillo histórico. El gobernador Claudio Poggi reactivó el remate del Palacio Lagomarsino, sede porteña de la representación provincial, con un precio de base fijado en US$ 2.927.392. La jugada desató la furia inmediata de su rival libertario, el senador Bartolomé Abdala, quien avisó que la venta del palacete porteño desató una guerra abierta por el poder provincial que anticipa la contienda electoral. El inmueble de Recoleta divide al oficialismo y a los libertarios.

En los pasillos de Terrazas del Portezuelo justifican el desprendimiento asegurando que los gastos mensuales superan los $4 millones. La administración provincial promete redirigir esos fondos frescos hacia las obras del policlínico regional ubicado en la ciudad de Villa Mercedes. Sin embargo, la oposición legislativa denuncia una maniobra meramente recaudatoria y recuerda que la insistencia por liquidar el inmueble arrastra fracasos administrativos previos sin conseguir inversores reales. El intento de subasta de hace una década ya había dejado heridas abiertas.

El legislador de La Libertad Avanza no anduvo con rodeos y salió a cruzar el decreto del Ejecutivo provincial con dureza. Recordó su voto negativo en la Legislatura de San Luis y propuso conservar el edificio como hospedaje social para pacientes derivados. Durante una entrevista periodística que sacudió el avispero local, disparó la advertencia más pesada del año: “Cuando sea gobernador, si él la vende, voy a intentar comprarla por la misma plata que él la vende”. La frase confirmó que el patrimonio público ya quedó rehén de la campaña.

Las aspiraciones territoriales explican por qué la venta del inmueble genera tanta tensión en el tablero local. El dirigente nacional libertario ya había quedado en el centro de la escena tras blanquear que sus colaboradores operan en el armado comunal: “Necesito mantener vivo el territorio” fue su argumento tajante ante las cámaras. La pugna por el bastión provincial no admite diplomacias entre aliados formales de la Casa Rosada ni perdona desatenciones logísticas. Cada metro cuadrado de la propiedad se transformó en munición política de grueso calibre.

Al escenario de disputa se sumó la figura omnipresente del exgobernador Adolfo Rodríguez Saá, quien compró el edificio en 1984. Aquella operación fundacional demandó una erogación cercana a los US$ 340.000 tras la caída de un consorcio privado. Mientras el patriarca peronista diagrama su propio retorno a la arena electoral, los operadores admiten que el enfrentamiento por la sede porteña fragmenta el armado libertario y oficialista en momentos decisivos. Nadie en la provincia quiere regalar presencia institucional en la capital del país.

La propiedad, proyectada en 1920 por el arquitecto Virgilio Colombo para la familia de sombrereros de Carlos Lagomarsino, arrastra severas restricciones. La normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohíbe modificaciones morfológicas al gozar de protección estructural. Con el plazo fijado por el Tribunal Nacional de Tasaciones para el próximo mes de diciembre, los operadores inmobiliarios advierten que las limitaciones patrimoniales ahuyentan compradores y traban el negocio millonario que anhela la gobernación. El destino del palacio definirá quién maneja la iniciativa política.

Lo que tenés que saber sobre el Palacio Lagomarsino

• La subasta oficial: El gobernador Claudio Poggi firmó el decreto para vender la sede de la Casa de San Luis en Recoleta con un piso de US$ 2.927.392.
• El destino de los fondos: El Ejecutivo provincial argumenta un costo de mantenimiento mensual superior a $4 millones y promete derivar recursos al hospital regional de Villa Mercedes.
• El rechazo libertario: El senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, se opone al remate y amenazó con recomprar la propiedad si asume la gobernación en 2027.
• Trabas de mercado: El inmueble cuenta con protección arquitectónica de nivel estructural otorgada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que impide reformas edilicias y complica la aparición de compradores.