El gobernador Alberto Weretilneck aceleró el copamiento del Poder Judicial en Río Negro para clausurar la competencia electoral rumbo a 2027. Desde los despachos de Viedma, el mandatario provincial articula un esquema de disciplinamiento que acorrala al exintendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, y bloquea los reclamos parlamentarios de La Libertad Avanza. En las mesas de arena patagónicas ya no ocultan que el oficialismo rionegrino utiliza los tribunales locales como pelotón de fusilamiento político para voltear candidaturas molestas mediante sentencias a la carta. La causa Techo Digno se transformó en la excusa predilecta para ejecutar la purga.

La maquinaria judicial responde sin fisuras a las órdenes directas que emanan del jefe de la bancada de Juntos Somos Río Negro, Facundo López. El engranaje provincial tiene como ariete central al titular del Ministerio Público, el procurador Jorge Crespo, encargado de moldear los dictámenes al compás de la gobernación. Fuentes inobjetables del foro penal admiten por lo bajo que la orden de Viedma consiste en resucitar expedientes para proscribir rivales con Ficha Limpia antes de que expire el calendario procesal ordinario. El cambio abrupto de carátula contra exaliados expuso la fragilidad institucional de la comarca.

El exmandatario barilochense rompió el pacto de silencio tras advertir que el Superior Tribunal de Justicia revocó su sobreseimiento para acorralarlo. Tras ser absuelto por peculado en noviembre de 2025, el tribunal provincial forzó una revisión por malversación para impedir su postulación municipal. Frente a esta maniobra, el actual directivo de la Comisión Nacional de Energía Atómica disparó sin anestesia: “Me conocen, saben quién soy y me tienen miedo, por eso me quieren borrar de la competencia electoral”. El adelantamiento intempestivo del fallo desnudó el apuro por sortear la prescripción del expediente.

La cooptación institucional no se limita a las causas penales de impacto público sino que colonizó puestos estratégicos de fiscalización comunal. El desembarco de Sergio Ceci en el máximo tribunal abrió la puerta a una colonización sistemática que ubicó a Nicolás Land en el juzgado electoral. Quienes caminan los pasillos de la Legislatura de Río Negro confirman que el oficialismo ubicó a sus propios exministros para controlar el padrón y la legalidad de los partidos a pesar de haber obtenido peores calificaciones en los concursos. El desembarco partidario en el órgano que oficializa listas garantiza el control total del tablero.

El frente judicial del gobernador abrió un segundo foco de conflicto con la bancada libertaria que encabeza el diputado nacional Aníbal Tortoriello. Desde el espacio Cambia Río Negro, el legislador Santiago Ibarrolaza denunció la subordinación flagrante de los jueces provinciales a los intereses de la alianza gobernante. Ante el rechazo corporativo del tribunal a su reclamo de integración parlamentaria, los legisladores opositores advirtieron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá intervenir para frenar el feudo patagónico como ya ocurrió cuando clausuraron la reelección inconstitucional del mandatario en 2019. La vía federal asoma como el único contrapeso real.

El esquema hegemónico rionegrino reproduce los vicios de las gobernaciones del norte bajo una fachada de modernismo institucional cordillerano. Mientras la obra pública municipal permanece bajo la lupa selectiva de los fiscales adictos, la rosca subterránea define quién compite y quién queda fuera del cuarto oscuro. Los operadores territoriales del peronismo y el liberalismo coinciden en que la colonización de los tribunales provinciales pone en jaque la transparencia democrática hacia los comicios de 2027 en todo el territorio provincial. La batalla por el poder rionegrino abandonó las urnas y ya se litiga en despachos cerrados.

Lo que tenés que saber sobre la colonización judicial en Río Negro

• La denuncia central: El exintendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, acusó formalmente a Alberto Weretilneck de reactivar causas judiciales prescritas para inhabilitarlo políticamente mediante Ficha Limpia.
• Operadores clave: La oposición señala al titular del bloque legislativo oficialista, Facundo López, y al procurador general, Jorge Crespo, como los ejecutores de las resoluciones en el Superior Tribunal de Justicia.
• Colonización de cargos: Exfuncionarios de confianza del mandatario, como Sergio Ceci y Nicolás Land, pasaron directamente de las filas partidarias a presidir el máximo tribunal y el tribunal electoral.
• Frente federal: El espacio opositor referenciado en Aníbal Tortoriello y Santiago Ibarrolaza acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para denunciar la falta de garantías y frenar el avasallamiento institucional en Río Negro.