Por: Guerra interna

El temblor institucional sacude el eje entre Balcarce 50 y el parlamento nacional. El presidente Javier Milei ordenó blindar el nuevo Consejo de Seguridad Nacional para cerrarle el paso a Victoria Villarruel. En la mesa chica libertaria sostienen que la vicepresidenta busca copar el organismo militar con su agenda propia y consolidar un perfil soberanista que incomoda al oficialismo. La pulseada por la flamante ley de defensa abrió otra trinchera feroz en el corazón del poder central.

El proyecto redactado a imagen y semejanza de Estados Unidos excluye taxativamente al poder legislativo. La titular del Senado mueve piezas en las sombras mientras sus espadas legislativas exploran meter autoridades de ambas cámaras. En los despachos presidenciales no tienen dudas de que el triángulo de hierro no cederá un milímetro del control castrense a quien consideran una aliada con vuelo propio. La sospecha de un copamiento legislativo encendió alarmas rojas en el gabinete de ministros.

Los pasillos legislativos arden con llamados cruzados y desmentidas oficiales que nadie termina de creer. Cerca de la vicemandataria niegan cualquier intento de presionar sobre la iniciativa anunciada en cadena oficial. Desde su entorno de confianza retrucan con fastidio evidente: “No existen conversaciones al respecto en el Senado”. Pese al operativo cerrojo, los operadores del oficialismo desconfían de la estrategia parlamentaria de su antigua compañera de fórmula.

La bandera de la soberanía sobre las islas del sur opera como detonante del nuevo cortocircuito libertario. El giro discursivo de la gestión nacional reactivó una histórica causa que la abogada militó durante décadas. Quienes caminan los pasillos gubernamentales advierten que la disputa de fondo expone la batalla por la jefatura del voto patriótico entre dos liderazgos que ya no coordinan movimientos. El choque de egos e intereses amenaza con dinamitar los acuerdos de gobernabilidad.

El argumento técnico esconde una desconfianza política visceral que ya no admiten disimular ante la prensa. Voceros del palacio de gobierno aseguran que sumar legisladores bastardearía la división republicana de facultades ejecutivas. Un asesor directo de la presidencia sentenció tajante: “Incorporar a las autoridades del Congreso violaría la división de poderes”. Con esa excusa constitucional, la administración libertaria pretende cerrarle el candado a cualquier intromisión legislativa en seguridad.

La batalla por la lapicera en el organigrama de defensa promete un desenlace al rojo vivo en comisiones. Villarruel resiste el aislamiento político mientras la cúpula ejecutiva prepara el decreto para neutralizarla definitivamente. En el círculo de las decisiones estratégicas admiten que la guerra subterránea recién inicia su capítulo más corrosivo y determinante antes del tratamiento formal de la normativa. La tregua entre ambos líderes ya pertenece al pasado y la confrontación llegó para quedarse.

Lo que tenés que saber sobre la pulseada por el Consejo de Seguridad

• El veto oficial: Javier Milei diseñó el Consejo de Seguridad Nacional como un órgano netamente del Ejecutivo, excluyendo la presencia de autoridades legislativas.
• La sospecha sobre Villarruel: En la Casa Rosada aseguran que la vicepresidenta operó para incluir al Congreso y ganar influencia sobre el área militar y la agenda soberana.
• La respuesta del Senado: Allegados a la titular de la cámara alta niegan gestiones formales y acusan al entorno presidencial de alimentar fantasmas sin sustento.
• El trasfondo político: La controversia se da en el marco del debate parlamentario por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, agudizando la distancia entre la fórmula gobernante.