VISIÓN POLÍTICA

"El narcotráfico no puede ser enfrentado por un Estado desorganizado", fue uno de los conceptos que vertió el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti en el Encuentro de Nacional de Justicia Federal organizado en la sede de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario por la Asociación de Jueces y Fiscales Federales de la República Argentina (AJUFE).

Con un operativo de seguridad impactante, que incluyó tres anillos de controles alrededor del edificio de Derecho, los jueces de la Corte en pleno se reunieron en Rosario con funcionarios del poder judicial local, miembros del Consejo de la Magistratura, legisladores de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario Pablo Javkin para abordar la lucha contra el narcotráfico que puso a la ciudad en la cima de los distritos más violentos.

En consecuencia, Rosatti estimó fundamental el trabajo coordinado de los tres poderes del Estado y entre las jurisdicciones; nación, provincias y municipios, pero que en la actualidad, se empantana por las heterogeneidades funcionales que existen en el país.

En ese sentido, el presidente del máximo tribunal recordó que el sistema acusatorio se aplica en algunas provincias (Salta y Jujuy) y en otras no, además en algunos distritos hay desdoblamientos judiciales entre narcomenudeo y crimen organizado mientras que en otros no y por lo tanto es imprescindible homogeneizar estas diferencias.

"No venimos a instalar ni a potenciar una evitable dicotomía entre justicia federal y justicia provincial en el tema que nos convoca, cuya exacerbación es funcional al progreso de la delincuencia organizada", dijo Rosatti en un sólido discurso donde señaló la falta de infraestructura tecnológica y sobre todo, la cobertura de los cargos vacantes que en Santa Fe es estructural.

Con tan solo dos jueces federales; Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque y que están cuestionados por su accionar, los tribunales locales hace más de cuatro décadas que mantienen la misma estructura y con el 40 por ciento de cargos que hace años que no se cubren a pesar del aumento de las bandas mafiosas y el crecimiento de los delitos complejos.

"No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces", sentenció Rosatti al respecto y lo mismo con "la provisión de las herramientas tecnológicas que nos permitan combatir a esta delincuencia sofisticada en condiciones -al menos- de paridad".

Pero una de las críticas fundamentales de parte de Rosatti se concentró en el Sistema Penitenciario de los penales federales desde donde los jefes narco continúan con el manejo de las bandas impartiendo órdenes para asesinar, extorsionar y amenazar.

Esta situación inentendible puso en el foco de las críticas a la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal y ex presidenta de la agrupación Justicia Legítima y al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, por no tomar medidas para evitar que los presos de alto perfil, como se llaman a los líderes narco, continúen extendiendo el terror en Rosario.

El problema que señalan en Santa Fe y que también inquieta a la justicia federal, es que tanto Garrigós de Rébori como Soria consideran que las medidas preventivas orientadas a neutralizar el contacto de peligrosos presos con el exterior atentan contra los derechos humanos de los reclusos.

Desde la Corte, Rosatti ofreció federalizar las oficinas técnicas, "en la medida de nuestros recursos y posibilidades" y agradeció al Consejo de la Magistratura que anunció la instalación de un salón multimedia con la última tecnología (la segunda en el país, la primera se instaló en Casación).

"Este acto no debe ser visto como una manifestación corporativa no estamos aquí para decir que todas las culpas son de los otros", sostuvo el magistrado y agregó que "Aquí no hay neutralidad posible. Todo aquel que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que, cuando se enfrenta a un problema de la magnitud del que hoy nos convoca (el narcotráfico), la indiferencia no es neutralidad sino complicidad".

"En definitiva, lo que quiere saber la gente común es de qué lado está cada uno. Y esto nos involucra a todos. A los funcionarios públicos de los tres poderes y de todos los estamentos territoriales; y también, por supuesto, al resto de las organizaciones sociales", cerró Rosatti.