Las auditorías recientes sobre pensiones no contributivas por invalidez en Chaco dejaron al descubierto irregularidades que generan preguntas incómodas sobre cómo se gestionaron estos beneficios durante la gestión kirchnerista. ¿Cómo se llegó a esta situación? A continuación, exploramos las claves de este complejo escenario.
En el marco de las auditorías encabezadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se analizó la situación de más de 1.250.000 beneficiarios a nivel nacional. Los resultados fueron particularmente reveladores en Chaco, donde más del 60% de los beneficiarios cobraban irregularmente, incumpliendo los requisitos legales. Este proceso, según las autoridades, busca garantizar que las obras sociales estatales y los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Entre los ejemplos más llamativos se encuentra el de una beneficiaria que declaró sufrir la amputación de un brazo, pero que, al ser examinada, estaba en perfecto estado de salud. Otro caso involucra a una mujer que cobraba una pensión por cáncer de mama, a pesar de no tener diagnóstico ni historial médico que respaldara esta condición.
Además, se detectaron pensiones otorgadas por diagnósticos menores, como pie plano en niños, que no cumplen los criterios exigidos por la ley. Según fuentes oficiales, estos patrones de fraude eran comunes en la provincia, particularmente durante la administración del exgobernador Jorge Capitanich, en un contexto donde las pensiones eran usadas como moneda de cambio político.
El crecimiento exponencial en la cantidad de pensiones no contributivas entre 2003 y 2015 marcó un récord en la historia nacional. Según la ANDIS, estas prácticas reflejan el uso de las pensiones como herramientas políticas en lugar de instrumentos de justicia social. Durante la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, las pensiones pasaron de 80.000 a más de 1.050.000, un aumento que levantó sospechas desde organismos independientes.
El gobierno actual, liderado por Javier Milei, sostiene que las auditorías no buscan quitar beneficios legítimos, sino asegurar que los recursos sean utilizados correctamente. Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, enfatizó que esta revisión es una oportunidad para "restablecer la confianza en las políticas públicas y proteger a las personas con discapacidad que verdaderamente requieren ayuda".
El impacto de estas auditorías es significativo: cerca del 66% de los casos analizados serán dados de baja, mientras que otros permanecen bajo fiscalización médica. Esta decisión ha generado un debate sobre cómo garantizar que los sistemas de protección social no se utilicen con fines políticos y cómo abordar las demandas de transparencia en la gestión pública.
Los resultados en Chaco, con un alto porcentaje de beneficiarios que no cumplían los requisitos, abren una pregunta clave: ¿hasta qué punto el sistema actual puede garantizar una distribución justa de los recursos? Las auditorías continuarán en todo el país, con el compromiso de mejorar la administración de las obras sociales y asegurar que lleguen a quienes más las necesitan.
Esta polémica pone en el centro del debate la responsabilidad de las gestiones pasadas y el desafío de construir un sistema más equitativo y transparente. ¿Será posible lograrlo? El tiempo y las próximas auditorías lo dirán.
