La reciente aprobación en la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense sobre la creación de una empresa estatal de medicamentos impulsada por el gobernador Axel Kicillof ha generado una fuerte controversia tanto dentro del oficialismo como en la oposición, provocando un cruce de acusaciones entre los principales referentes de la política provincial.
El proyecto, que recibió media sanción gracias al apoyo de sectores como los libertarios dialoguistas y parte de la oposición, busca establecer una fábrica de medicamentos en la provincia para realizar contrataciones directas con entidades públicas y privadas. Mientras que el oficialismo asegura que esta medida permitirá mejorar la provisión de medicamentos y garantizar el acceso a tratamientos de calidad, desde la oposición advierten sobre los riesgos financieros y administrativos que implica crear una nueva estructura estatal sin un plan claro.
“El objetivo es garantizar el acceso a medicamentos asequibles y de calidad, además de fomentar la soberanía estatal en salud, producción e innovación”, explicó Nicolás Kreplak, ministro de Salud provincial, al fundamentar la iniciativa que, si bien busca asegurar un acceso más equitativo a los medicamentos, también ha sido vista como una forma de afianzar el control del Estado sobre el sector farmacéutico. Sin embargo, algunos sectores políticos alertan sobre los costos y el impacto que una empresa de este tipo podría generar en las finanzas públicas.
La oposición no tardó en manifestar su rechazo. Guillermo Castello, diputado de La Libertad Avanza, fue tajante al calificar la medida como un intento del oficialismo de “jugar al empresario con dinero público”. Sin embargo, lo que provocó mayor fricción fue el apoyo de parte de la UCR, que tradicionalmente se había mostrado en contra de este tipo de iniciativas del kirchnerismo. En particular, la decisión de Pablo Domenichini y Natalia Dziakowski, dos referentes de la bancada de Acuerdo Cívico-UCR+GEN, de apoyar el proyecto causó un quiebre interno en el bloque, sumando más tensiones en un espacio que ya venía atravesando fricciones.
En medio de este debate, Facundo Manes, líder de la UCR y diputado nacional, no tardó en posicionarse en contra de la iniciativa. A través de sus redes sociales, Manes expresó su desacuerdo con la creación de la empresa estatal de medicamentos y cuestionó la falta de un plan estratégico detrás del proyecto. “Crear una sociedad anónima estatal para fabricar medicamentos es un despropósito. Sin un plan claro de financiación ni incentivos de eficiencia, solo aumentará la burocracia y el déficit”, afirmó el dirigente. Manes, que mantiene una alianza tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense con el senador Martín Lousteau, resaltó que los recursos deben destinarse a mejorar la infraestructura hospitalaria y las condiciones laborales del personal de salud.
Este cruce entre Manes y Lousteau marca una nueva fase en la polarización interna de la oposición. Si bien ambos comparten una visión crítica del kirchnerismo, las diferencias en sus enfoques sobre la gestión pública y el papel del Estado en la economía están cada vez más evidentes. Lousteau, en contraposición a Manes, ha mostrado una postura más abierta a acompañar iniciativas que impliquen la intervención estatal en áreas clave como la salud y la producción de medicamentos, aunque esto también genere tensiones con sectores más conservadores dentro de su propio espacio político.
La división interna del radicalismo bonaerense es un reflejo de un escenario político cada vez más fragmentado, donde las diferencias ideológicas sobre el rol del Estado en la economía se profundizan, lo que podría tener repercusiones en las futuras alianzas y estrategias electorales en la provincia.
El debate sobre la empresa estatal de medicamentos, lejos de ser solo una discusión técnica, se ha convertido en un nuevo campo de batalla para definir las líneas que marcarán la política bonaerense en los próximos años. Lo que comenzó como una iniciativa del oficialismo para mejorar el acceso a medicamentos, hoy se enfrenta a la resistencia de una oposición que, cada vez más fragmentada, deberá definir si las diferencias entre sus propios referentes pueden ser superadas antes de las próximas elecciones.
