En un escenario político tenso y plagado de acusaciones cruzadas, Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei, ha intensificado su ofensiva para proteger a Edgardo Kueider, el senador entrerriano detenido en Paraguay por contrabando de divisas. Este operativo mediático y político, que busca anular la sesión donde el Senado decidió su expulsión, ha generado una tormenta institucional y política de gran magnitud.
Caputo inició su jugada con intentos fallidos de bloquear la sesión en la Cámara Alta, apoyándose en maniobras parlamentarias y órdenes directas a los senadores de La Libertad Avanza para sostener el relato de lucha contra la corrupción. Sin embargo, ante la contundente votación en contra, el asesor pivotó hacia una estrategia de anulación de la sesión argumentando irregularidades en la presidencia de Victoria Villarruel, quien quedó a cargo del Ejecutivo durante el viaje de Milei a Italia. Las pruebas filtradas por Caputo, como chats y documentos oficiales, lejos de clarificar el panorama, han levantado sospechas sobre posibles vínculos entre la Casa Rosada y la defensa de Kueider.
El caso de Kueider, quien fue arrestado con más de 200 mil dólares sin declarar en la frontera paraguaya, tiene implicancias políticas significativas. Como uno de los arquitectos de leyes clave para el oficialismo, su vínculo con la administración Milei está bajo un fuerte escrutinio. En el Senado, su detención no solo golpea la narrativa libertaria, sino que además expone la fragilidad del puente construido por Caputo para influir en las decisiones del cuerpo legislativo.
Figuras del peronismo, como José Mayans, no han escatimado en advertencias sobre los riesgos que corre Kueider, mientras el bloque kirchnerista y la oposición exploran las ramificaciones políticas y judiciales de este escándalo. Paralelamente, sectores del PRO y el kirchnerismo han señalado que la falta de transparencia en el caso podría comprometer aún más la credibilidad del gobierno de Milei.
El operativo de Caputo no solo pone en jaque su liderazgo como estratega político, sino que también podría desencadenar una crisis institucional si se confirma alguna irregularidad en la sesión o si la justicia anula la decisión del Senado. Esto podría llevar a acusaciones de usurpación de funciones contra Villarruel o incluso comprometer la estabilidad del oficialismo en la Cámara Alta, donde ya enfrenta divisiones internas y críticas por su manejo del caso.
Con una estrategia que combina presión mediática y maniobras judiciales, Caputo busca contener los daños mientras el caso de Kueider amenaza con desbordar el ámbito político y convertirse en un escándalo internacional. Por ahora, la Casa Rosada evita comprometerse públicamente, mientras la incertidumbre sobre el destino del senador detenido sigue marcando la agenda política.
