Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinará la reforma al Poder Judicial de México, promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y consolidada durante la gestión de Claudia Sheinbaum. Esta reforma propone una modificación en la forma de seleccionar a los magistrados, abandonando el sistema tradicional basado en el mérito y la carrera judicial, para adoptar un método electoral.
La reforma genera controversia debido a que introduce un proceso electoral para ocupar cargos judiciales clave, lo cual ha sido calificado como una intromisión política sin precedentes en América Latina y Europa. Los opositores argumentan que esta medida amenaza la independencia del Poder Judicial, que históricamente ha servido como contrapeso a los poderes ejecutivos.
Durante la audiencia, se presentarán argumentos sobre cómo la reforma socava los pesos y contrapesos en el sistema judicial. Se teme que el cambio en la selección de jueces transforme al Poder Judicial en una herramienta política bajo el control del partido en el poder. La participación de la CIDH se centrará en la legitimidad de este nuevo procedimiento y sus posibles violaciones a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por su parte, el gobierno mexicano, representado por la embajadora Luz Baños y el consejero jurídico José Antonio Montero Solana, defenderá la reforma. Sin embargo, los jueces y magistrados que rechazan el cambio, como Juana Fuentes Velázquez y Marisol Méndez, consideran que la reforma podría dar lugar a manipulación política y hasta fraude electoral en los comicios judiciales programados para junio de 2025.
La secretaría técnica del colectivo "La Justicia que Queremos", liderada por Marisol Méndez, solicitará a la OEA enviar una misión de observación para supervisar los comicios de 2025. Esta petición responde a las preocupaciones sobre la transparencia y la posible politización de las elecciones judiciales.
La reforma también implica un drástico recorte en el número de jueces de la Corte Suprema, pasando de 11 a solo cuatro, luego de la renuncia de siete magistrados en protesta por la reforma. Esto pone en duda la estabilidad y la imparcialidad de la Corte, una institución clave en la protección de los derechos humanos en México.
