VISIÓN POLÍTICA

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, ha presentado un proyecto en la Cámara de Senadores que modifica significativamente el sistema previsional provincial. Este ajuste busca abordar el déficit del sistema, exacerbado por la suspensión de transferencias nacionales desde el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, los cambios propuestos han generado una fuerte controversia, especialmente entre los gremios docentes.

El sistema previsional de Santa Fe ha evolucionado a lo largo de los años. Bajo el gobierno de Jorge Obeid, se instauró el 82% móvil para jubilados provinciales. Posteriormente, Hermes Binner mejoró la fórmula y Miguel Lifschitz buscó proteger el sistema con rango constitucional. Ahora, Pullaro propone una reforma que, según los críticos, afectará desproporcionadamente a los docentes y a otros trabajadores de bajo rango.

El proyecto establece una emergencia previsional por dos años, prorrogable, donde los jubilados deberán hacer aportes solidarios del 2% al 6% de sus haberes. Además, se modifica el cálculo del 82% móvil, y los aportes de los trabajadores activos aumentarán del 14,5% al 21%. Este ajuste se traduce en una mayor carga económica para los trabajadores, mientras que el impacto en las categorías más altas, como el Poder Judicial, es menor.

Uno de los puntos más controversiales es el cambio en la edad jubilatoria para las docentes. Según los nuevos parámetros, las mujeres ya no podrán jubilarse a los 57 años con el 82% móvil. Ahora, deberán esperar hasta los 60 años o más, lo que en la práctica significa una reducción significativa en sus beneficios. Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, y Martín Lucero, de SADOP, han expresado su descontento con la reforma, argumentando que Pullaro ha incumplido promesas de campaña y ha aumentado la carga sobre los trabajadores.

El proyecto también incluye una cláusula que permite al gobernador modificar la edad jubilatoria por decreto en caso de cambios en el sistema nacional, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles acuerdos políticos entre Pullaro y Milei a cambio de beneficios para obras públicas o fondos adicionales.

El proyecto fue ingresado el miércoles pasado en la Cámara de Senadores, y aunque la media sanción parece probable, la aprobación final en Diputados es incierta. Los gremios docentes están en alerta, cuestionando si el Partido Socialista, con una base electoral fuerte en el sector educativo, se atreverá a apoyar la reforma.