El reciente informe publicado por Bichos de Campo revela una serie de medidas de ajuste que no solo pondrán en jaque la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sino que también apuntan a una peligrosa privatización y deshumanización de un organismo clave para el desarrollo agropecuario de Argentina.

En una clara demostración de su sello ideológico, el gobierno de Javier Milei avanza con un drástico recorte de personal, incluyendo la eliminación de 1.043 puestos de trabajo para 2024, y la venta de más de 27.000 hectáreas de tierras productivas del INTA.

Nicolás Bronzovich es el actual presidente del INTA, que llegó para ser el malo de la película. Una verdadera lacra de la que hablaremos profundamente en nuestras próximas ediciones.

Este proceso de "reforma" no es más que una reestructuración agresiva destinada a reducir costos, sin importar los efectos en la calidad del servicio y en las miles de familias que dependen de la investigación y extensión tecnológica en el campo.

El gobierno de Milei ha puesto en marcha un plan de ajustes sin precedentes en el INTA, que no solo afectará a los empleados actuales, sino que amenaza con vaciar de contenido a la institución.

El recorte de personal, que incluye despidos y jubilaciones forzadas, es un paso hacia la deshumanización de un organismo que, desde su creación en 1956, ha sido esencial para la transferencia de tecnología y el desarrollo rural en Argentina.

La promesa de "mejorar la eficiencia" no hace más que evidenciar la falta de comprensión de los verdaderos desafíos que enfrenta el sector agropecuario, así como una falta total de sensibilidad hacia los trabajadores que, en muchos casos, dedican su vida a la investigación y extensión agropecuaria.

Además de la reducción de personal, el ajuste incluye la venta de tierras productivas, específicamente más de 27.000 hectáreas de las Estaciones Experimentales del INTA, como parte de una estrategia de "optimización de recursos".

Este movimiento es un claro indicio de la intención del gobierno de privatizar funciones clave que históricamente estuvieron en manos del Estado.

La venta de tierras no solo reducirá el espacio de investigación y prueba en áreas estratégicas para la agricultura nacional, sino que abre la puerta a intereses privados que podrían desviar los objetivos hacia fines lucrativos en lugar de científicos o de interés nacional.

El "plan de gestión" proyectado hacia 2025, incluye una "revisión de la estructura" del INTA, que apunta a eliminar redundancias, pero también promete una reestructuración que podría acentuar aún más los procesos de privatización y centralización del poder.

La venta de tierras, la reducción de personal y la privatización de funciones clave son el preludio de una transformación que, en lugar de fortalecer al INTA, lo desintegrará.

Los cambios en los Centros Regionales, Direcciones nacionales, y Agencias de Extensión del INTA, lejos de responder a una necesidad de modernización, parecen ser el paso previo a una centralización excesiva, con la consecuencia inevitable de la pérdida de autonomía de las estaciones experimentales y su capacidad de innovación a nivel local.

El Plan de Gestión anticipa una reducción de la dotación de personal en el mediano plazo, con la promesa de que el INTA estará "jerarquizado" y con "mejores salarios". Sin embargo, esta visión optimista ignora las realidades de un ajuste que reducirá no solo el número de trabajadores, sino también la capacidad operativa del organismo.

A lo largo de los años, el INTA ha sido un pilar fundamental para la innovación tecnológica aplicada a la agricultura familiar, pero los cambios propuestos no parecen tener en cuenta la necesidad de fortalecer estas áreas, sino de consolidar una estructura más eficiente para el mercado y los intereses privados.

El ajuste en el INTA no es solo un ataque a los trabajadores, sino un golpe mortal a la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo agropecuario nacional.

Esta reforma libertaria representa una amenaza para la ciencia, la tecnología y la soberanía alimentaria de Argentina. Lo que está en juego no es solo el futuro del INTA, sino el futuro de una Argentina más equitativa, donde el Estado juega un papel crucial en la construcción de un desarrollo productivo y social.