El futuro de Nucleoeléctrica en Argentina está en el centro del debate político y económico. ¿Por qué esta empresa estatal, responsable de generar electricidad nuclear, podría terminar en manos privadas? La posible privatización de Nucleoeléctrica genera incertidumbre, especialmente en un contexto donde la energía nuclear recobra importancia global. ¿Qué significa esto para los argentinos y su acceso a energía limpia?
Nucleoeléctrica Argentina S.A. opera tres de las principales centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Estas plantas aportan una capacidad combinada de más de 1.700 megavatios al Sistema Interconectado Nacional. Además, en Embalse se produce cobalto 60, un isótopo clave para aplicaciones médicas e industriales, que Argentina incluso exporta.
Esta empresa estatal no solo ha demostrado ser rentable, con ganancias operativas de 350 millones de dólares en el último ejercicio, sino que también es un pilar en proyectos de innovación como el reactor CAREM 25, diseñado íntegramente en el país. Sin embargo, este proyecto se encuentra actualmente detenido por decisión del gobierno de Javier Milei, quien ha priorizado otros objetivos.
En el marco de un posible proyecto de "Ley Bases 2", impulsado desde el Ejecutivo, se habla de privatizar diversas empresas estatales, incluyendo Nucleoeléctrica. Según rumores, la propuesta busca reducir el rol del Estado en sectores estratégicos como la energía, argumentando que el sector privado podría gestionarlos de manera más eficiente.
La privatización se encuentra respaldada por algunos sectores políticos, pero enfrenta críticas contundentes. Eduardo "Topo" Rodríguez, del Instituto Consenso Federal, destacó que la energía nuclear está en auge a nivel global debido a su baja huella de carbono y su capacidad para complementar las fuentes renovables, que aún tienen limitaciones en almacenamiento.
El debate trasciende lo económico. La energía nuclear es un recurso estratégico para la transición energética y la soberanía energética de Argentina. La privatización de Nucleoeléctrica podría significar menos control sobre una fuente clave de energía limpia y sostenible. Además, el desarrollo de proyectos como CAREM, que tiene potencial exportador, podría quedar relegado bajo gestión privada.
Por otro lado, sectores libertarios, como los representados por Milei, sostienen que la privatización permitirá modernizar las centrales nucleares, especialmente Atucha I, cuya vida útil depende de actualizaciones urgentes.
El destino de Nucleoeléctrica en Argentina está ligado al proyecto de la "Ley Bases 2", cuyo tratamiento en el Congreso dependerá del equilibrio político. ¿Logrará el Ejecutivo avanzar con esta propuesta en medio de tensiones internas y externas?
Mientras tanto, los argentinos enfrentan un dilema: ¿es mejor que esta empresa clave siga en manos del Estado o que pase al sector privado? La decisión impactará no solo en el sector energético, sino también en el futuro económico y ambiental del país. El desenlace está aún por escribirse, pero sin dudas marcará un antes y un después en la historia de la energía nuclear en Argentina
