"La crisis judicial se sintetiza en tres conceptos centrales: una crisis técnica, una crisis institucional —por la antigüedad de su diseño— y una crisis política, originada en la pérdida de la confianza pública en quienes ejercen ciertas magistraturas, algunas de ellas importantes”. Estas palabras, que no pierden actualidad, fueron pronunciadas por el convencional constituyente Enrique Paixao durante la reforma constitucional de 1994.
En pocos meses, el Consejo de la Magistratura cumplirá 22 años de su primera integración. Sin embargo, el órgano quedó en el ojo de la tormenta tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional su actual composición -13 miembros- porque no respetaba el equilibrio entre estamentos.
Por estas horas, el Senado trabaja a contrarreloj para aprobar el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo y así “cortar con la mala racha” de normativas que fracasaron y fueron declaradas inconstitucionales.
En Juntos por el Cambio afirman que una integración sin la presencia de la Corte Suprema “no seguiría los lineamientos constitucionales”, y reclaman volver a un esquema similar al de ley 24.937, con 20 miembros y la presidencia del máximo tribunal.
En el oficialismo, por su parte, se oponen a esta última opción y proponen una conformación de 17 integrantes, como también que se establezca la presidencia del Consejo de la Magistratura mediante la elección de uno de sus miembros, es decir, excluyendo a los supremos.
Desde el interior del órgano también afirman que la antigua ley 24.937 tiene "visos inconstitucionales”, ya que la Constitución no le otorgó la titularidad a ninguno de los estamentos ni le dio predominio a un integrante sobre otro. “Con la presidencia de la Corte se quiebra el equilibrio interno”, afirman en los pasillos del edificio de calle Libertad 731.
Lo cierto que el órgano se incorporó en el marco del Núcleo de Coincidencias Básicas (NCB) que surgieron del denominado Pacto de Olivos. Durante el debate, los convencionales fijaron diferentes posiciones, y también anticiparon problemas relativos a la integración, el número de representantes de cada estamento, la administración del Poder Judicial y el rol de la Corte.
En este sentido, el convencional Paixao, quien además era miembro informante, explicó que la introducción del Consejo buscaba “revertir” una tendencia que “ha llevado a concentrar en uno de los órganos que ejercen el Poder Judicial de la Nación —me refiero a la Corte Suprema de Justicia— la totalidad de los poderes de administración correspondientes a un conjunto de órganos descentralizados entre sí”.
“Se entiende que la ley deberá ir regulando su integración sobre la base de la experiencia que ahora no tenemos, aunque la reforma fija pautas de equilibrio: proporción de representación de los órganos políticos, judiciales, de abogados y de personas de notabilidad”, agregó el convencional Jorge Enrique De La Rúa en su exposición.
Juan Carlos Hitters - ex juez de la Corte bonaerense- se anticipó al debate de la titularidad del cuerpo y opinó a favor de que el Consejo de la Magistratura "sea presidido por el presidente de la Corte".
Algunos convencionales también presagiaron los debates que surgirían sobre el equilibrio de los estamentos y los conflictos que podrían surgir posteriormente con la regulación de su integración y funcionamiento.
Sobre este último, Alejandro Vasquez resaltó la "imperiosa" necesidad de que el cuerpo "quede despojado de toda injerencia político—partidista o de los respectivos poderes del gobierno". Fuente: dataclave.com.ar
