El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, ha sido imputado por presunto lavado de dinero en una causa que investiga irregularidades en las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y un esquema de coimas relacionado con el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
La investigación, a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se centra en determinar si D'Onofrio y otros implicados incrementaron ilícitamente su patrimonio desde diciembre de 2021, valiéndose de su posición en la función pública.
Entre los involucrados también se encuentra Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y pareja de D'Onofrio, quien habría coordinado una red de gestores que ofrecían eliminar infracciones de tránsito a cambio de un porcentaje del monto adeudado, perjudicando económicamente a la empresa Secutrans, encargada del sistema de fotomultas en la provincia.
En el marco de la causa, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de D'Onofrio, Pombo y otros implicados, con el objetivo de analizar sus movimientos financieros y detectar posibles maniobras de lavado de dinero.
A pesar de la imputación y las medidas judiciales en curso, el gobernador Axel Kicillof ha decidido mantener a D'Onofrio en su cargo, mientras avanza la investigación.
Este escándalo ha generado un fuerte impacto en el ámbito político bonaerense, poniendo en tela de juicio la transparencia en la gestión de los sistemas de control vehicular y la integridad de los funcionarios involucrados.
La investigación continúa su curso, y se esperan nuevas revelaciones que podrían profundizar la crisis en el Ministerio de Transporte provincial y afectar la imagen del gobierno bonaerense en su conjunto.
