Un nuevo episodio de controversia rodea la gestión de Javier Milei en relación con OSPRERA, la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que cuenta con casi 760 mil afiliados. En las últimas horas, el gobierno de Milei ha decidido no acatar un fallo judicial que suspendía la intervención de la obra social, dictada a principios de agosto.
Juan José Baric, juez federal de La Pampa, falló a favor del gremio liderado por José Voytenco, también presidente de la obra social de los peones rurales, ordenando que se le devuelva el control de la mutual y suspendiendo el proceso de intervención iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud. El juez argumentó que "en el análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023 se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido", según un informe de Data Gremial.
Por su parte, el gobierno de Milei había justificado la intervención señalando "gravísimos incumplimientos" revelados en una auditoría. Según los datos oficiales, los análisis contables mostraron "dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que compromete su estabilidad financiera a corto y mediano plazo". La deuda prestacional se cifró en $43.949.000.000 para marzo de este año, un aumento del 63% en comparación con septiembre de 2023.
En una decisión que ha generado críticas, el gobierno de Milei ha optado por ignorar el fallo del juez y mantener la intervención de la obra social de UATRE. Habitualmente, en estos casos, las decisiones judiciales se apelan para buscar una reversión, pero se acatan temporalmente. Sin embargo, la Superintendencia de Servicios de Salud cuestionó el fallo y destacó su compromiso con su rol de fiscalización de los Agentes del Seguro de Salud.
Según un comunicado oficial, la Superintendencia afirmó que "la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores (OSPRERA) fue confirmada por el Poder Ejecutivo Nacional y responde a la necesidad de corregir graves irregularidades producto de una situación financiera alarmante". Añadieron que, "el propio juez, mediante el interventor designado, solicitó 3.350 millones de pesos en octubre de 2023, monto que fue justificado el último día hábil de la gestión presidencial anterior, mientras que la deuda prestacional de la obra social seguía creciendo".
La Superintendencia ha expresado su preocupación por lo que considera una interpretación excesiva de sus competencias por parte del juez, señalando que "el juez a cargo de la causa está prejuzgando al aceptar como válidos los argumentos de los denunciantes sin una investigación adecuada". Además, cuestionaron que un fallo judicial pueda invalidar un decreto presidencial sin un análisis jurídico profundo y detallado.
La Superintendencia también denunció la introducción de referencias a disputas internas del gremio, donde uno de los denunciantes tiene intereses directos, sugiriendo una posible falta de imparcialidad en la actuación judicial.
Antes de la intervención, la presidencia de OSPRERA estaba en manos de José Antonio Voytenco, secretario general de UATRE. La vicepresidencia la ocupaba Adrián Nocera, dirigente de Chubut, mientras que Horacio Lorandi, delegado regional en Córdoba, desempeñaba el rol de tesorero. Completando la comisión directiva, se encontraban Enrique Javier Cabrera, como secretario de Actas, y Elizabet Sajama, secretaria de Acción Social.
Estos dirigentes fueron los encargados de la administración de la obra social hasta que la intervención tomó lugar, desatando una serie de conflictos legales y políticos que ahora están bajo la lupa de la justicia y del gobierno.
Fuentes:
LaMovidaPlatense.com.ar, VisionPolitica.info, NoticiasEnsenada.info, CriticaArgentina.com.ar, PrimeraPagina.info
