Mauricio Macri logró congelar la Causa Correo: la Cámara Comercial resolvió suspender el análisis del caso hasta que la Corte decida si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad debe intervenir o no en el expediente.
Fue la familia Macri la que pidió la intervención del TSJ, cuya titular es cercana a al ex presidente y que entre sus miembros cuenta con dos ex funcionarios del PRO. La familia del ex mandatario reclamó que el máximo tribunal de la Ciudad trate la recusación a la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, a la fiscal, Gabriela Boquín y a una de las camaristas que intervino en la causa Correo. En caso de que el TSJ intervenga y acepte la recusación de las jueza y la fiscal la quiebra será declarada nula.
El circuito normal de un expediente de la justicia nacional es que pase por la primera instancia, que sea elevado a cámara en caso de apelación de alguna de las partes y luego termine en la Corte. Sin embargo luego del fallo de Cámara, la familia Macri apeló ante el TSJ, que aceptó dictaminar sobre el caso.
El medio la legislatura porteña aprobó una ley que pone al TSJ como tribunal de alzada para las causas que se tramitan en la justicia nacional.
La decisión de la Cámara Comercial fue dividida, mientras que la jueza Matilde Baller se expresó en favor de que el caso pase a la Corte, su colega Guadalpe Vázquez lo rechazó. El voto que desempató fue el de María Elsa Uzal, sorteada para intervenir únicamente en el expediente del Correo.
Si bien Baller reconoce en su fallo la "la carencia de eficacia de las resoluciones dictadas por el TSJC respecto" de las resoluciones de la Cámara, explicó que la intervención de la Corte podría modificar la normativa que se aplicó históricamente en la Argentina.
La causa lleva más de 20 años sin resolverse. Carlos Menem le dio a al grupo Macri la concesión del Correo Argentino en 1997, pero la empresa solo dos años de las cuotas semestrales al Estado.
En 2003 Néstor Kirchner decidió reestatizar la empresa que para ese momento acumulaba una deuda de 300 millones de dólares y tenía pendiente un concurso de acreedores desde 2001. Con la llegada de Macri a la presidencia su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, llegó a un acuerdo para que la empresa pagara en cuotas la deuda. En 2016 la fiscal Gabriela Boquín denunció que ese acuerdo implicaba una quita de casi el 99% de la deuda y el Gobierno lo dejó sin efecto.
Con el triunfo de Alberto Fernández, el Procurador del Tesoro, Carlos Zaninni, pidió que la quiebra del Correo se extendiera a las dos empresas insignia de la familia Macri, Socma y Sideco.
