VISIÓN POLÍTICA

Un total de 169.000 familias italianas recibieron a finales de julio un SMS en el que se les notificaba que las prestaciones del controvertido programa de asistencia social "reddito di cittadinanza" (renta de ciudadanía) se suprimirían bruscamente al mes siguiente. Estas prestaciones, que formaban parte del programa de pago de prestaciones sociales introducido en 2019 por el Gobierno presidido por Giuseppe Conte, estaban destinadas a familias y personas con bajos ingresos y desempleados.

El programa será retirado a todas las familias que no incluyan a una persona discapacitada, un menor o una persona mayor de 65 años, y su desmantelamiento ha sido anunciado por el Gobierno de derecha de Giorgia Meloni, quien asumió el cargo de primera ministra de Italia el año anterior.

Meloni había declarado su intención de endurecer el sistema de asistencia social desde que llegó al poder, y su decisión de abolir completamente el programa a partir del 1 de enero de 2024 para los desempleados de entre 18 y 59 años ha generado controversia y fuertes protestas.

El ex primer ministro Giuseppe Conte ha criticado la decisión de Meloni, alegando que esta medida pone en riesgo la vida de las personas afectadas y dificulta la búsqueda de empleo para aquellos de entre 50 y 60 años que dependían de la renta de ciudadanía.

La suspensión de las prestaciones ha provocado un debate acalorado en el Parlamento italiano, con acusaciones de intento de "destrozar el país" por parte de algunos miembros de la oposición.

En respuesta a la suspensión de las prestaciones, a partir del 1 de septiembre, las personas afectadas recibirán 350 euros al mes que se destinarán a formación laboral en los centros de desempleo del país.

La tasa de desempleo en Italia ha disminuido en junio al 7,4%, con 23,59 millones de personas empleadas en el país. Sin embargo, Italia sigue teniendo una de las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea, con una tasa media del 5,9% en junio de 2023.

Las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) de la región de Nápoles han reportado cientos de llamadas de beneficiarios pidiendo una explicación más detallada que la contenida en los SMS, y en una de las oficinas se llamó a la policía debido a una pelea que aparentemente se desató entre dos personas.

La suspensión del programa ha generado descontento y desesperación en las familias afectadas, y algunos han argumentado que esto se debe a la incapacidad del Gobierno para abordar los continuos problemas de desempleo en el país.