La Confederación General del Trabajo (CGT) sigue de cerca los movimientos del Gobierno, ante posibles recortes en los subsidios a las obras sociales sindicales, con la intención de dirigir el beneficio directamente a los trabajadores que aportan al sistema.
Luego del paro general del 24 de enero, Javier Milei solicitó informes sobre el reparto de fondos a las prestadoras médicas, sugiriendo un ajuste sobre la caja que financia a las obras sociales sindicales para eliminar intermediarios.
Desde la Casa Rosada argumentan que la medida busca garantizar que el beneficio llegue a quienes lo necesitan, limitando el control de los gremios sobre el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), financiado con aportes obligatorios de los trabajadores.
José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT, señaló la falta de entrega de $62.000 millones comprometidos por el gobierno de Alberto Fernández en 2023, lo que podría afectar la atención de prestaciones, especialmente las destinadas a discapacidad. Los sindicatos reclaman esos fondos pendientes.
