Un informe publicado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) mostró que los recortes aplicados por el Gobierno en el sistema universitario, equivalentes a una reducción del 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), coinciden con los beneficios impositivos otorgados a los sectores más adinerados a través de la baja en el impuesto a los Bienes Personales. Estas medidas fueron impulsadas bajo la Ley Bases y el Paquete Fiscal del presidente Javier Milei.
El análisis, realizado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UBA), destacó la magnitud del recorte a las universidades públicas y lo comparó con las exenciones fiscales recibidas por los sectores más privilegiados del país.
En el marco del tratamiento en el Senado del proyecto de financiamiento universitario, Milei ya anticipó que vetará la iniciativa si logra la sanción definitiva. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto requeriría un esfuerzo fiscal equivalente al 0,14% del PBI para cubrir los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales, fondos para ciencia y tecnología, y una recomposición salarial para docentes y no docentes.
Los profesores universitarios, que han protagonizado huelgas y protestas desde el inicio del segundo semestre, obtuvieron un aumento salarial del 80,4% desde diciembre de 2023, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 134,6% hasta julio de 2024. La OPC estimó que un incremento del 30,1% sería necesario para compensar lo perdido en términos reales.
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A pesar del rechazo del Gobierno a incrementar el financiamiento universitario por su impacto fiscal, el esfuerzo tributario ya ha sido otorgado a otros sectores. El Pacto Fiscal, diseñado por el ministro de Economía Luis Caputo, incluyó una reducción significativa en los impuestos al patrimonio de los sectores más acomodados. Según el Centro RA, las modificaciones en el mínimo no imponible y las alícuotas de Bienes Personales generarán una caída en la recaudación de aproximadamente un 0,14% del PBI, la misma proporción requerida para financiar las universidades.
El informe subraya que la reducción en la recaudación por Bienes Personales podría alcanzar el 25%, bajando del 0,52% al 0,38% del PBI. Esto demuestra que los beneficios fiscales a los sectores más ricos son equivalentes a las necesidades presupuestarias del sistema universitario.
Además de los recortes en educación, el Estado destina importantes recursos a sectores específicos como el régimen industrial de Tierra del Fuego, que se estableció en 1972 con la Ley 19.640 y se mantuvo bajo las reformas del actual gobierno. Este régimen implica un costo fiscal equivalente al 0,22% del PBI, superando ampliamente el esfuerzo requerido para financiar las universidades.
El informe concluye que “la inversión en educación superior está quedando relegada frente a los intereses de los sectores más ricos”, y advierte que, sin un presupuesto adecuado, la calidad educativa y el desarrollo del país se verán comprometidos.
