El gobierno de Axel Kicillof avanzará con la licitación de la terminal del Puerto Quequén en 2025, logrando frenar la presión de las agroexportadoras que buscaban una prórroga de dos años y la destitución del gerente general. Sin embargo, la atmósfera en el directorio portuario se encuentra enrarecida, tras la reciente remoción de uno de sus miembros y la expectativa de más cambios.

Recientes informes revelan que las empresas agroexportadoras intentan bloquear la licitación del elevador de granos a corto plazo, buscando imponer condiciones y tiempos en el directorio, donde contaban con el apoyo de algunos representantes sindicales. Fuentes confiables indican que esta maniobra fue planificada en una reunión de directorio que, sin embargo, fue suspendida por la cúpula del consorcio.

En respuesta a esta presión, la presidenta del consorcio, la massista Jimena López, propuso solo un año de prórroga, una oferta que Terminal Quequén SA (que ha tenido la concesión durante 32 años) recibió de mala gana. Mientras se espera el cronograma de trabajo para la licitación, la conmoción interna en el directorio ya ha llevado a la salida de Juan Franco Mancinelli, quien representaba al Centro de Navegación.

Mancinelli había insistido en la necesidad de una reunión urgente tras la suspensión del encuentro donde se pretendía discutir la prórroga. Su accionar ha causado discordia en el Centro de Navegación, dado que sus directores operan bajo mandato de las cámaras correspondientes.

Además, Mariano Daniel Carrillo, representante de Uatre, también ha solicitado una reunión para postergar los plazos de licitación, lo que ha generado cuestionamientos sobre su papel en el directorio, especialmente dado que sectores del puerto argumentan que Uatre no tiene representación legítima al no contar. con trabajadores en el área portuaria.

El Sindicato Único del Personal Aduanero ha presentado formalmente un reclamo al ministro de Producción, Augusto Costa, solicitando la anulación de la representación de Uatre en el puerto, argumentando que la información proporcionada por este gremio es errónea y confunde al Poder Ejecutivo.

Asimismo, los Aduaneros han criticado a Carrillo por su escasa presencia en el puerto y su participación remota en las reuniones de directorio. Esta situación se complica aún más con el futuro incierto de Daniel Arce, representante de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios, quien también ocupa un rol en Terminal Quequén, generando tensiones adicionales dentro del consorcio.

Con la inminente licitación y los cambios que se vislumbran en la estructura del directorio, la relación entre el gobierno provincial y el consorcio portuario se encuentra en una encrucijada, en medio de un negocio que representa más de 8 millones de dólares anuales.