Un reclamo judicial podría poner en jaque al Ministerio de Salud por no garantizar el acceso a medicamentos clave para los abortos legales. ¿De qué se trata? ¿Qué puede pasar ahora?
Un reclamo que empezó en silencio hoy pisa fuerte en los tribunales y apunta directo al corazón de una política pública clave: el acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El conflicto arrancó cuando la Asociación Civil La Ciega denunció que el Estado dejó de distribuir dos medicamentos esenciales: Misoprostol y Mifepristona. Sin ellos, la IVE no se puede aplicar como corresponde.
La causa ya fue aceptada por el juez Alejo Ramos Padilla, quien habilitó la acción colectiva y ordenó inscribirla en el Registro Público de Procesos Colectivos. ¿El motivo? Para la Justicia, está en riesgo un derecho básico: la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas gestantes del país.
Según La Ciega, hace más de un año que el Ministerio de Salud no realiza gestiones efectivas para comprar ni repartir esos medicamentos. Esto no solo va contra la ley, sino que puede generar "daños irreparables", especialmente para quienes necesitan acceder urgente a una interrupción legal del embarazo.
La validación de la denuncia por parte de Ramos Padilla no es menor: significa que el reclamo tiene alcance nacional. Y si se comprueba que el Estado no cumple con la ley, podría sentar un precedente fuerte. El juez remarcó que el caso toca “derechos individuales homogéneos” y que la asociación tiene legitimidad para defenderlos porque su objetivo es proteger los derechos humanos, en especial los de las mujeres.
En paralelo, el oficialismo viene impulsando un intento de derogación de la ley. Aunque no prosperó, seis diputados de La Libertad Avanza, entre ellos Rocío Belén Bonacci, Oscar Zago y Lilia Lemoine, presentaron un proyecto para volver atrás con la legislación vigente. La propuesta no solo busca eliminar la IVE, sino también sacar la excepción por violación, dejando la decisión final en manos de los jueces.
El proyecto generó ruido interno. Algunos legisladores se bajaron y aclararon que no habían dado su consentimiento. Desde la Rosada también salieron a despegarse: dejaron trascender que fue una jugada individual, no una orden del Ejecutivo.
Mientras tanto, la Ley 27.610 sigue vigente. Permite acceder a una interrupción del embarazo legal, segura y gratuita hasta la semana 14, y sin límite de tiempo en casos de violación o riesgo para la salud. También obliga al Estado a garantizar medicamentos, información y atención médica. Eso es, justamente, lo que está en juego ahora.
El próximo paso en la causa podría obligar al Ministerio a responder ante la Justicia. Si no hay avances, la presión judicial podría crecer. Y con ella, una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿Está cumpliendo con una ley que fue votada por el Congreso y respaldada por la sociedad?
