La noticia que conmociona a la ciudad de Córdoba tiene como protagonista a Guillermo "el Puma" Kraisman, líder peronista de la seccional 12 y exfuncionario municipal, quien está preso tras intentar cobrar el sueldo de una empleada legislativa que no realizaba ninguna tarea. Pero este escándalo va más allá de un simple acto de corrupción: revela una trama de irregularidades, conexiones políticas y manejos cuestionables.
El pasado 16 de enero, Kraisman, junto a Luciana Castro, exdirectora del Polideportivo Social de barrio Ituzaingó, intentaron cobrar en el Banco de Córdoba el sueldo de Virginia Martínez, una empleada legislativa que no prestaba funciones. Según fuentes judiciales, Castro presentó el DNI de Martínez como propio, pero fue descubierta por la cajera. Este insólito episodio derivó en la detención de ambos implicados.
El caso no es un hecho aislado. Kraisman, conocido por su influencia en el barrio San Pablo, ya acumulaba denuncias por robo de energía, defraudación y hasta intento de soborno como presidente del Club Avellaneda. Además, había sido detenido en 2023 por intentar robar fiambre en un supermercado.
Los vínculos entre Kraisman, Castro y el sistema de contrataciones en la Legislatura abren interrogantes sobre cómo se manejan los recursos públicos en la provincia. Según el fiscal Andrés Godoy, quien investiga el caso, se analizarán los datos de cuatro teléfonos secuestrados para confirmar si existen más maniobras similares.
Por su parte, Virginia Martínez, la supuesta víctima, declaró no tener relación con el hecho, aunque llegó a la Fiscalía acompañada por Giuliana, la hija de Kraisman. Martínez asegura que desconocía cómo su nombre llegó a la nómina legislativa y afirma que trabaja en el sector privado.
En el barrio San Pablo, Kraisman es mucho más que un dirigente político. Su influencia se extiende a la comunidad, donde incluso llegó a ampliar su departamento haciendo un boquete hacia la vivienda vecina, una metáfora de cómo también parecía "expandir" su poder político y económico.
El caso también pone en el centro del debate el crecimiento de la plantilla legislativa. Entre diciembre de 2023 y junio de 2024, los empleados contratados en la Legislatura aumentaron de 1.017 a 1.179, un incremento que la oposición intentó fiscalizar sin éxito.
Aunque Kraisman y Castro permanecen detenidos, aún hay cabos sueltos. ¿Quién aprobó la contratación de Martínez? ¿Era esta una práctica común en la seccional 12? ¿Qué papel juega la Fiscalía Anticorrupción en esta historia?
El caso no solo afecta la imagen de Kraisman sino que cuestiona la transparencia en el manejo del empleo público en Córdoba. La expectativa ahora está puesta en los próximos avances de la investigación y en si este será el último capítulo de una larga lista de escándalos vinculados al líder peronista.
Mientras se buscan respuestas, queda en evidencia un sistema que no logra erradicar viejas prácticas. Este caso deja una enseñanza clara: la falta de control y transparencia siempre encuentra su límite. ¿Habrá más revelaciones en los próximos días? Solo el tiempo lo dirá.
