Según un informe de ACIJ y CELS, las condiciones de alquiler en el AMBA empeoraron tras la derogación de la Ley de Alquileres. La duración de los contratos se redujo, y el porcentaje de aumentos trimestrales casi se duplicó, impactando negativamente en los inquilinos.
La situación económica de los hogares inquilinos es cada vez más frágil: el 62% tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, y el 59% ha recurrido a préstamos para poder cubrir sus pagos de alquiler. Además, el 60% de los hogares está atrasado con los servicios básicos.
“HOY EL QUE SE QUEDA SIN TRABAJO SE QUEDA SIN CASA”
— QR Escaneá La Realidad (@programaqr) October 23, 2024
Nos visitó Gervasio Muñoz (@GervasioMunoz) para hablar de alquileres. ¡Queremos leer inquilinos e inquilinas!@InquilinosAgrup pic.twitter.com/6y86rK3jlM
El hacinamiento afecta al 36% de los hogares, y el 69% de los inquilinos se ha mudado al menos una vez en los últimos cinco años. Las expectativas también empeoran, con un 33% de inquilinos que anticipan dificultades para renovar contratos, agravando la situación del acceso a una vivienda digna.
Desde la derogación de la ley, el 34% de los aumentos en contratos se indexa según la inflación. Esto, junto a los recortes de subsidios y el incremento de tarifas, ha generado un aumento del 374% en los servicios desde diciembre pasado, complicando aún más la economía familiar.
Un 42% de los encuestados estima que la situación del mercado de alquileres continuará empeorando, mientras que otro 22% espera que se mantenga igual de crítica. En tanto, la mayoría considera probable tener que seguir alquilando por los próximos cinco años.
El informe recalca la falta de políticas públicas para proteger a los inquilinos y enfatiza que los hogares más vulnerables requieren medidas urgentes para garantizar un acceso justo y sostenible a una vivienda digna en el AMBA.
