El Congreso Nacional enfrenta un momento crucial marcado por tensiones internas y un nuevo escándalo que sacude al Senado. La detención del senador Edgardo Kueider, miembro del bloque Provincias Unidas, por intentar cruzar a Brasil con 200 mil dólares sin declarar, reavivó las críticas sobre la ética y transparencia en el cuerpo legislativo. Este episodio, que estalló en medio de las discusiones por el Presupuesto 2025, generó un intenso debate político y expuso las diferencias entre oficialismo y oposición en un año político determinante.
El caso Kueider trae reminiscencias del "escándalo Ameri", cuando en plena pandemia el diputado salteño fue captado en un acto de índole privada durante una sesión virtual. Mientras que Ameri renunció a las pocas horas tras ser suspendido por unanimidad, el proceso en torno a Kueider parece más complejo. Aunque pidió licencia de su banca, el senador entrerriano se enfrenta a un panorama político polarizado donde Unión por la Patria (UP) exige su expulsión bajo el artículo 66 de la Constitución, lo que requiere una mayoría calificada de dos tercios.
La comparación entre ambos casos deja al descubierto una mayor tolerancia hacia los escándalos relacionados con corrupción en comparación con aquellos que afectan el decoro parlamentario. UP busca capitalizar políticamente la situación, ya que de lograrse la expulsión, la banca sería ocupada por Stefania Cora, dirigente de La Cámpora.
La vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, enfrenta la presión de oficialismo y oposición para definir si convoca a sesión para tratar la remoción de Kueider. Fuentes parlamentarias señalan que Villarruel inició consultas con los líderes de bloque, aunque el consenso parece lejano. En el PRO y la UCR, los principales partidos opositores, la respuesta ha sido tibia: mientras el PRO se limitó a pedir celeridad judicial, el radicalismo optó por el silencio, recordando que en casos similares, como el del exgobernador tucumano José Alperovich, no se adoptaron medidas drásticas.
Desde sectores opositores cercanos al oficialismo, como Provincias Unidas, aseguran que la licencia de Kueider busca evitar obstáculos en la investigación, pero no parecen dispuestos a ceder su banca al kirchnerismo. Este escenario genera tensiones en un Senado dividido y con prioridades como el Presupuesto 2025 en espera.
El escándalo Kueider no solo afecta la reputación del Congreso, sino que también pone en jaque las estrategias políticas de los principales bloques. Si UP logra la expulsión, el oficialismo podría ganar terreno con una banca adicional en un momento clave para las reformas legislativas. Por otro lado, un fracaso en la expulsión podría ser aprovechado por sectores como La Libertad Avanza, quienes suelen utilizar estos eventos para criticar tanto a oficialismo como a oposición.
En un Congreso que se mueve entre consensos frágiles y agendas paralizadas, el caso Kueider se convierte en un test sobre los límites éticos y la capacidad de los legisladores para actuar con responsabilidad política. Las próximas semanas serán decisivas para el futuro del Senado y las dinámicas de poder que marcarán el cierre del año legislativo.
