En un nuevo capítulo de controversias que sacuden a las Fuerzas Armadas argentinas, la Dirección de Aviación del Ejército se encuentra bajo la lupa por presuntas maniobras ilegales en la gestión de repuestos y servicios para aeronaves. El Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601, con sede en Campo de Mayo, es el epicentro de estas acusaciones que han derivado en la suspensión de 16 militares y el relevo de un jefe de aviación.
El general de brigada Carlos Carugno, subjefe del Ejército, se presentó ante la Fiscalía Federal de Tres de Febrero para ratificar la denuncia y aportar documentación sobre las irregularidades detectadas. Entre los hechos investigados se destacan la donación cuestionable de dos motores de aviones Twin Otter a la Escuela Industrial El Palomar, la realización de eventos no presupuestados y la posible entrega irregular de camillas de helicópteros AB-206 a un civil.
Además, se han identificado 26 remitos y siete pagarés, fechados mayormente entre el 5 y 6 de diciembre, que involucran un monto cercano a los 500.000 dólares. Empresas como Helicopter Engine Service y Redimec figuran entre las involucradas en estas transacciones, que ahora son objeto de escrutinio judicial.
El Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, tomó conocimiento de la situación el 9 de diciembre y, tras una auditoría interna, dispuso las medidas disciplinarias correspondientes. Estas acciones se suman a otros episodios recientes que han puesto en el ojo de la tormenta a las Fuerzas Armadas, como la expulsión del jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Fernando Mengo, por uso indebido de aeronaves y presuntos abusos.
En el ámbito castrense, estas medidas han generado preocupación por el impacto negativo en la imagen institucional y malestar por la percepción de un trato desigual en comparación con casos de corrupción en la esfera política. Fuentes militares señalan que, mientras se actúa con celeridad ante irregularidades internas, no se aplica la misma rigurosidad en situaciones similares en otros sectores del Estado.
Este escándalo pone de relieve la necesidad de una gestión transparente y rigurosa en las instituciones de defensa, así como la importancia de aplicar criterios uniformes en la lucha contra la corrupción, sin distinciones entre ámbitos militares y políticos.
