El arresto del senador Edgardo Kueider por intentar cruzar a Paraguay con más de 200 mil dólares en efectivo desató una tormenta política en torno a los nombramientos que logró consolidar en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Pese al cambio de gobierno, varios de estos funcionarios permanecen en sus puestos, generando tensiones entre las fuerzas políticas que buscan reformular acuerdos de poder.
Entre los nombres más cuestionados figura el de Juan Carlos Chagas, delegado por Concordia. Chagas, un periodista cercano al exgobernador Jorge Busti, fue designado por Kueider con el objetivo de “cuidarle el sillón” en caso de no renovar su banca en 2025. Radicado en Buenos Aires desde hace más de dos décadas, su regreso a la CTM no fue gratuito: implicó una modificación del reglamento que requirió un decreto gubernamental.
El cambio de administración introdujo nuevas dinámicas. Javier Milei delegó a la provincia de Entre Ríos la potestad de nombrar representantes en Salto Grande, algo que históricamente recaía en Cancillería. Esto permitió a Rogelio Frigerio consolidar su influencia al designar como presidente a su cuñado, Alejandro Daneri, en un gesto que reavivó internas entre libertarios y aliados.
La decisión no estuvo exenta de polémicas. Frigerio hizo de Salto Grande un símbolo de su gestión, llevándola incluso a la Corte Suprema. En paralelo, el sueldo de los asesores técnicos del organismo, que ronda los 20 millones de pesos, alimenta las críticas por el supuesto reparto de cargos con fines políticos.
No sólo Kueider logró colocar figuras en Salto Grande. El 10 de septiembre, un día antes de que la UCR blindara en el Congreso el veto presidencial contra el aumento de las jubilaciones, el diputado radical Pedro Galimberti renunció, abriendo la puerta a la macrista Nancy Ballejos. En este contexto, la UCR obtuvo su propio nombramiento en el ente binacional.
El nepotismo no quedó fuera del escándalo. Emilce Kueider, hija del senador, ingresó como administrativa en las oficinas de Salto Grande en Buenos Aires, lo que refuerza las denuncias de acomodo en el organismo.
Mientras la gestión de Javier Milei intenta diferenciarse de las administraciones previas, los nombramientos en Salto Grande se han convertido en un foco de tensiones entre las fuerzas libertarias, la oposición y aliados clave. La continuidad de los funcionarios designados por Kueider es percibida como un desafío a las promesas de renovación institucional, en un organismo estratégico que atraviesa una crisis de legitimidad.
Las redes sociales y los medios de comunicación locales amplifican el descontento. Usuarios y analistas critican la falta de transparencia y señalan que el escándalo no sólo daña la imagen de Salto Grande, sino que profundiza la desconfianza hacia la clase política.
