El gobierno de Javier Milei ha iniciado una investigación sobre una importante caja gestionada por Fernanda Miño, quien está vinculada a Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria.
La auditoría, dirigida por la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, se centra en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), financiado con el 9% del impuesto PAIS. Por el moment o, el Gobierno no ha encontrado irregularidades evidentes en sus análisis.
Los recursos del FISU, que suman alrededor de $300.000 millones anuales, están destinados a obras de urbanización en aproximadamente 6.200 asentamientos inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), con una distribución que ha beneficiado principalmente a cooperativas vinculadas a movimientos sociales peronistas.
Miño, como titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, tenía a su cargo el manejo del FISU y del ReNaBaP, con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario.
Aunque la auditoría aún está en curso, se estima que cooperativas vinculadas a Grabois y otros piqueteros, como Emilio Pérsico, habrían recibido alrededor de $24 mil millones en los últimos cuatro años. Hasta el momento, no se han encontrado evidencias de corrupción, pero sí cierta discrecionalidad en la asignación de fondos.
La creación del Comité Ejecutivo del FISU, presidido por Sebastián Pareja, busca brindar una mayor transparencia en la gestión de estos recursos, con el objetivo de saldar deudas pendientes del año 2023 y garantizar la continuidad de las obras en curso.
