En una sesión que terminó definiendo la expulsión del senador Edgardo Kueider por 61 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el debate en la Cámara Alta estuvo marcado por tensiones políticas y divisiones internas. Aunque la mayoría acompañó la medida que sacó del recinto al legislador entrerriano, acusado de intentar ingresar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar, un grupo reducido de senadores adoptó una postura contraria que dejó interrogantes en el aire.
Cuatro de los cinco votos disidentes provinieron del PRO: Alfredo De Angeli, Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero. El restante fue del radical Maximiliano Abad. Estos senadores argumentaron, según trascendidos parlamentarios, que la expulsión establecía un "precedente peligroso" en un proceso que consideraron apresurado, priorizando la suspensión hasta que hubiera una condena firme. La postura refleja una tensión entre preservar la institucionalidad del Senado y responder al clamor público por la transparencia y el rechazo a la corrupción.
El debate interno también dejó expuestas fisuras dentro de la coalición opositora. Desde el PRO, algunos consideraron que apoyar la expulsión podría interpretarse como ceder ante un "show político" impulsado por el oficialismo, mientras otros entendieron la medida como una acción necesaria para recuperar la confianza pública en las instituciones. La UCR, en tanto, mostró matices entre sus integrantes, lo que reflejó divisiones respecto de cómo afrontar casos de esta índole.
La sesión, presidida por Victoria Villarruel, generó cuestionamientos de algunos sectores políticos y jurídicos sobre su validez, debido a que el presidente Javier Milei se encontraba de viaje en Italia durante la votación. Este punto fue utilizado por críticos que consideran que podrían iniciarse acciones legales para declarar nula la expulsión, aunque por el momento no se ha oficializado tal intento?.
La expulsión de Kueider no solo consolidó la mayoría del oficialismo en el Senado, sino que permitió el ingreso de Stefanía Cora, dirigente de La Cámpora, fortaleciendo al bloque peronista. Este episodio subraya la complejidad de equilibrar intereses partidarios, demandas éticas y procedimientos institucionales en un Congreso cada vez más polarizado.
Conclusión: Aunque la decisión final estuvo alineada con la mayoría, los votos disidentes evidencian un debate abierto sobre la aplicación de sanciones extremas en casos judicializados. La sesión pasará a la historia como un capítulo donde la política y la ética chocaron en una disputa que aún promete más capítulos en el ámbito judicial y legislativo.
