Atender las secuelas de que no se evitó a tiempo y que el Estado se haga cargo del abordaje psicológico integral de sus hijas; es la súplica de las madres de ocho de las alumnas que sufrieron abusos sexuales por parte del ex docente Javier Bernel en la Escuela 38. Aún, tras lograr una condena en 2019 y algunas medidas judiciales en los sucesivos años, las víctimas y sus familias, no encuentran paz.
Esas niñas, que vivieron los abusos a sus 8 y 9 años; hoy ya son adolescentes y están en la secundaria. Al día de hoy atraviesan problemas de salud, depresión y trastornos; incluso prácticas autolesivas como secuelas del trauma vivido en la infancia y que persiste hasta la actualidad. Cinco años pasaron para que recibieran algún tipo de asistencia psicológica.
“Las nenas están en crisis”, contaron sus madres y dieron detalles de padecimientos por abusos que no pudieron ser tratados, en muchos casos por falta de recursos. Miedos, angustias, trastornos del sueño, ataques de pánico y desórdenes orgánicos motivan la preocupación. “¿Cómo van a dejarlas abandonadas a su suerte?”, se preguntaron.
“Mi nena tuvo una crisis terrible en la secundaria porque le pusieron un docente varón al frente y quería salir corriendo. Estaba con una crisis tremenda, tuve que ir a buscarla. Le costó un montón poder entrar a un aula y sentarse, no podía”, contó una de las cuatro mamás.
La lucha de estas mujeres, que no dejaron de organizarse, logró que la justicia ordene al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro que garantice los tratamientos psicológicos de las ocho chicas y un familiar, pero esa orden se incumplió durante ocho meses, aún bajo apercibimiento de aplicar multas.
Recién en marzo de este año, tras una audiencia en la que se llegó a un acuerdo, se designó a dos profesionales especialistas en Abuso Sexual Infantil y algunas de las jóvenes empezaron terapia. No obstante, a dos meses de ese nuevo comienzo, denuncian que nadie se hace cargo de los honorarios de las psicólogas y una incertidumbre más se abre para las familias.
La jueza Verónica Hernandez del Juzgado Civil N° 9 fue quien dictó esa medida autosatisfactiva el 28 de julio del año pasado en el marco de una demanda civil, que obligó a la cartera educativa a hacerse cargo del acompañamiento psicológico.
Fundamentó su decisión en el interés supremo en las niñas, quienes “merecen una especial atención” y protección, amparadas por amplia legislación provincial, nacional e internacional. Además, sostuvo que la “demora del cumplimiento de los recaudos procesales” incide directamente sobre ellas.
“Pedimos mil veces las terapias de las nenas y nunca las dieron (…) hasta hoy seguimos peleando para que ellos cumplan con lo que ya por obligación tienen que hacer”, agregaron las madres demandantes.
Ulises Terbay, abogado representante de las madres, explicó que a diez meses de la resolución del Juzgado la orden se está cumpliendo parcialmente ya que hace dos meses reciben asistencia psicológica de especialistas pero nadie les paga. Por otro lado, las madres no tienen claridad en cómo se va a efectivizar la cobertura psicológica que también les corresponde a ellas.
Por eso, los abogados hicieron una presentación judicial el jueves pasado por el incumplimiento del pago de honorarios a las psicólogas y pidieron que se efectivice.
“Algunas chicas están en estado de salud grave. Desde agosto hasta marzo la Provincia nunca vino a decir cómo iba a cumplir”, apuntó Terbay y agregó que “a dos meses (de la designación de las profesionales) la provincia no tiene un interlocutor que hable con ellas para comunicarles cómo les va a pagar”, concluyó el abogado.
“Nos dijeron que salud pública iba a cubrir las terapias, y en salud pública nos responden que no tienen esos especialistas y que estaban desbordados. Ni siquiera los ministerios se pueden poner de acuerdo con este caso”, balancearon las mujeres.
Respecto al rol de Educación, señalaron que durante estos años solo “se limitaron a hacer reuniones” con funcionarios, inclusive con el ministro de Salud, pero en la mayoría no estuvieron presentes las familias.
Los abogados sumaron a la presentación del jueves pasado una queja por “divulgación” y solicitud de “datos confidenciales” por parte de la coordinadora de Educación de Alto Valle, Silvina Biancalana; ante directivos de las escuelas a las que actualmente asisten las víctimas.
“Ventiló un expediente de menores de un caso de abuso sexual que tiene caracter de reservado (…) es un hecho grave”, aseguró e insistió en que es un hecho “inadmisible” por parte de una funcionaria pública.
“Existiendo la mínima probabilidad de que la situación haya causado un daño o pudiera causar un daño a un niño, niña o adolescente, resulta indispensable poner en funcionamiento todos los mecanismos posibles a fin de preservar el ‘interés superior’ de los mismos”.
Este fue uno de los puntos principales en el fallo de la magistrada Verónica Hernández para fundamentar, en julio de 2021, la toma de la medida excepcional. Se amparó en las leyes Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la Ley Provincial Nº 4109 y 4324.
21/05/2021: Las madres junto a sus abogados presentan la demanda colectiva por daños y perjuicios, que ingresa al Juzgado Civil N° 9 de Roca.
28/07/21: La jueza dictó una medida autosatisfactiva en la que ordenó al Ministerio de Educación brindar atención psicológica a las menores y a un integrante más por cada familia en un plazo de 10 días.
4/08/21: Se amplía la sentencia indicando que la atención psicológica debe ser realizada por profesionales que trabajen con niños y adolescentes y que tengan formación en Abuso Sexual Infantil.
31/08/21: A más de un mes de incumplimiento, se intimó al Ministerio de Educación para que en el plazo de cinco días acredite el cumplimiento, todo bajo apercibimiento de imponer astreintes.
30/09/21: Transcurrido otro mes, Educación no dio cumplimiento y se hizo una nueva intimación.
08/11/21: Tras cuatro meses y vencidos los plazos, se volvió a intimar por dos días al Ministerio a cumplir con la medida autosatisfactiva, bajo apercibimiento de aplicar multa de $10.000 por cada día de retraso.
30/03/22: Nueva audiencia. Se presenta un plan de tratamiento y se designa a las profesionales propuestas por la parte demandante. Se acordó el pago de honorarios.
12/05/22: Los abogados de las familias elevaron una presentación por incumplimiento en el pago de honorarios de las profesionales y una queja contra la coordinadora de Educación de Alto Valle.
El 18 de diciembre de 2019, Javier Marcelo Ramón Bernel fue condenado a 13 años de prisión por “abuso sexual simple agravado y reiterado” contra nueve alumnas menores de edad en indeterminadas oportunidades; y también por abuso sexual simple agravado en grado de tentativa contra otras dos víctimas menores.
Actualmente, está alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal II de Roca, pero su condena aún no está firme ya que apeló el fallo. El expediente está ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace ocho meses.
La última resolución que dictó el Poder Judicial de Río Negro fue denegar el recurso extraordinario federal que planteó la defensa, por lo que directamente fue a la Corte con un recurso de queja.
Los abusos ocurrieron entre 2013 y 2018 en distintas escuelas de Roca. Uno sucedió en una escuela del barrio Malvinas, mientras que los restantes sucedieron en 2014, 2015 y 2018 en la Primaria de Stefenelli, donde una niña lo contó en un taller de Educación Sexual Integral.
Todas las víctimas tenían entre 8 y 10 años cuando ocurrieron los hechos y eran sus alumnas. El juicio oral se realizó en 2019 a puertas cerradas y terminó con la condena.
Aunque Bernel no tenía antecedentes penales, detrás suyo existe un pasado tortuoso. El ex docente es padre de un adolescente de 16 años que confesó haber asesinado el 11 de octubre de 2012, mediante golpes y puñaladas, a Jonathan Peña (17) en El Cuy. La Justicia de Río Negro condenó al chico a siete años de prisión, pero en 2017 el Superior Tribunal de Justicia lo absolvió.
Entre los padres de la víctima, Perín Peña y Vilma Pichimil, siempre se mantuvo la sospecha de que el ex docente encubrió a su hijo y hasta habría ayudado a ocultar el cadáver.
