María Eugenia Iribarren asumió como fiscal regional interina de Rosario en medio de una crisis institucional sin precedentes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) luego de la renuncia de Patricio Serjal, acusado de formar parte de una asociación ilícita que administraba el juego clandestino. El fiscal regional recibía cifras millonarias a cambio de desviar investigaciones. El caso escaló a las más altas esferas del poder y comprometió al senador Armando Traferri que no fue detenido por los fueros legislativos.

"La causa puso en crisis la imagen del MPA, en la percepción que la gente tiene de una institución en la que tiene que confiar y causó un cimbronazo al interior que se sumaron a las dificultades que se arrastraban hacía tiempo en el órgano de dirección de la Fiscalía Regional donde los fiscales no eran escuchados y el trabajo se hacía muy dificultoso", recuerda Iribarren.

"Con mi designación se trata de reconstruir la confianza hacia adentro y hacia afuera y estamos en ese proceso. Actualmente se trabaja de manera mucho más transparente, más eficiente", sostiene la nueva fiscal regional que recibió en el moderno edificio ubicado en Rosario, construido especialmente para alojar al órgano de persecución penal, que hoy tiene el desafío de enfrentar las organizaciones criminales más peligrosas del país.

Para acceder al Centro de Justicia Penal hay que atravesar las vallas que impiden la circulación de vehículos, colocadas luego de los ataques a tiros que sufrió el edificio por donde pasaron los jefes de Los Monos, Alvarado y varios líderes de las bandas narco que convirtieron a Rosario en la ciudad con más homicidios de la Argentina.

-Desde el inicio de su gestión tuvieron que enfrentar causas muy complejas como la del capo narco Esteban Alvarado, condenado a cadena perpetua hace pocos días.

-Así es, porque toda esta crisis que derivó en mi designación al frente de la Regional Rosario sucedió en medio de una crisis general de seguridad y de violencia que atravesamos en la ciudad y en la zona. Yo lo dije en el informe de gestión, no podemos decir que la corrupción, en los distintos niveles del Estado, no tiene incidencia en la situación que estamos hoy de violencia y de cómo funcionan las organizaciones criminales en Rosario. Sin corrupción, estas bandas no son viables, no serían factible.

La Fiscalía es un arquero sin defensa, donde recibimos todos los pelotazos y la expectativa está en como lo resolvemos. Pero no tendrían que llegar tantos delitos sino que tendrían que prevenirse y existir controles eficientes del resto de los órganos del Estado. Deberíamos ser la última instancia.

-Esa fue la hipótesis que siguieron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en el juicio a Alvarado donde hubo menciones muy impactantes de complicidades de la política y el MPA se encontró con una limitación para avanzar sobre algunos actores. ¿Qué evaluación hace de lo ocurrido?

-Cuando hablamos de corrupción nos referimos a distintos niveles. En primer lugar, la corrupción policial donde nosotros hemos puesto énfasis en cómo poder abordarla de una manera más planificada y organizada y no solamente respondiendo a denuncias, sino que nosotros generamos investigaciones y recopilamos elementos porque siempre son una parte de estas organizaciones criminales porque no hacen lo que tienen que hacer o desvían las investigaciones.