El Poder Judicial tiene su proyección anual de gastos para el 2023: se prevén erogaciones por el monto de $262.151.497.397. El presupuesto representa $126.140 millones más que los fondos estipulados en 2021.
El anteproyecto fue tratado en Comisión, y ahora pasará al plenario del Consejo para su aprobación. Este presupuesto será enviado a la Corte que, junto al suyo, lo remitirá al Ejecutivo para incorporarlos al Nacional, a la espera de la aprobación del Congreso.
La mayor parte del dinero, como suele suceder, se destinará al pago de sueldos y una pequeña fracción a obras de infraestructura y servicios. El monto, según explicaron, supera los techos presupuestarios que le hizo llegar recientemente la cartera de Economía, a cargo de Sergio Massa.
Año tras año, la discusión se centra en la utilización de los recursos (escasos) y su distribución, según urgencias y prioridades. Pero este año el debate dio un giro político por la inclusión de la compra de un edificio para la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.
La pequeña localidad cuenta con tan solo 6405 habitantes y se encuentra a 231 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, la capital provincial, y a más de 460 kilómetros de Caleta Olivia. Esta dependencia judicial fue creada durante la presidencia de Cristina Kirchner, como instancia de revisión a cargo de las causas de corrupción y narcotráfico, lo que le quitaría poder de acción a la Cámara de Comodoro Rivadavia.
Los pliegos de los concursantes para ocupar los cargos de la nueva Cámara se encuentran “paralizados” en la instancia del Senado, ante las críticas de la oposición. A su vez, la Corte nunca habilitó el tribunal.
Por estos motivos, la consejera y diputada Roxana Reyes (UCR) pidió asignar los recursos a otros juzgados “en funcionamiento”. “Hay 12 juzgados más para habilitar, pero no están previstos en el presupuesto. También hay más de 20 organismos que se encuentran en una situación similar”, detalló y pidió “evaluar prioridades”.
Sin embargo, los legisladores del FdT Mariano Recalde y Martín Doñate rechazaron este pedido y hablaron de “excusas” y una “intencionalidad de otro tipo”. “Estoy sorprendido porque la consejera Reyes es de la provincia de Santa Cruz y esto beneficia a su provincia”, alegó Doñate. Fuentes: LaMovidaPlatense.com, VisionPolitica.info, NoticiasEnsenada.info, CriticaArgentina.com.ar
