VISIÓN POLÍTICA

En Tucumán, un escándalo de grandes proporciones involucra al centro médico Sanarte SRL y a funcionarios vinculados con Ricardo Bussi, líder del bussismo. Este centro de baja complejidad, ubicado en San Miguel de Tucumán, ha facturado al PAMI unos 2.500 millones de pesos en tan solo ocho meses, una cifra que ha levantado sospechas de sobrefacturación.

Desde el triunfo de Javier Milei, el centro médico Sanarte ha visto un aumento en su facturación de un sorprendente 440%. En noviembre de 2023, Sanarte facturó $42 millones al PAMI, pero en diciembre, con el comienzo de la gestión libertaria, ese monto se disparó a $228 millones. En julio de 2024, la cifra alcanzó los $497 millones. Esto representa un aumento casi 50 veces mayor en comparación con el mismo período del año anterior.

Fuentes del sector comentaron a LPO que "no hay manera de que facturen eso, menos con las prestaciones que tienen". Una auditoría reveló que el centro realizaba sobreprestaciones de prácticas que nunca se llevaban a cabo y emitía recetas de medicamentos cuyos destinatarios finales son desconocidos. Además, se descubrió que los pacientes de PAMI agotaban rápidamente sus prácticas y recetas mensuales debido a estas maniobras fraudulentas.

El escándalo ha llevado a la destitución de Martín Fernández González, un funcionario cercano a Bussi que asumió la dirección de PAMI Tucumán en mayo de este año. También se vio afectado Mariano Usandivaras, quien había asumido la conducción del organismo en febrero y tuvo que renunciar a los dos meses. A pesar de las auditorías ordenadas por estos funcionarios, intentaron ocultar los resultados, con dirigentes del bussismo y gremios afines a Sanarte presionando para que los informes no salieran a la luz.

La preocupación se ha extendido entre los prestadores privados, quienes temen que el gobierno nacional, para protegerse del escándalo, pueda decidir frenar los pagos a todo el sector. En medio de un ajuste estructural en PAMI bajo la administración de Milei, estas irregularidades podrían dejar a muchos jubilados sin acceso a los medicamentos que necesitan, profundizando la crisis de salud en la provincia.