En otro golpe para el expresidente estadounidense Donald Trump, el fiscal especial Jack Smith presentó el jueves una serie de nuevos cargos en su contra relacionados con el manejo de documentos clasificados durante su mandato en la Casa Blanca. Trump ahora enfrenta un cargo adicional de "retención deliberada de información de defensa nacional" y dos cargos adicionales de "obstrucción", alegando que intentó eliminar imágenes de video de vigilancia en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, en el verano boreal de 2022.
El escrito judicial también acusa a una tercera persona, identificada como Carlos De Oliveira, de 56 años, quien supuestamente ayudó a Waltine Nauta, asistente personal de Trump y también imputada en el caso, a trasladar cajas de documentos clasificados a Mar-a-Lago después de que el Departamento de Justicia citara al exmandatario por primera vez en mayo del año pasado.
Según se reveló en la acusación formal, Trump llevó consigo documentos confidenciales a su finca de Mar-a-Lago tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021. Con estos nuevos cargos, el expresidente suma un total de 37 cargos penales en su contra.
Tanto Trump como Nauta fueron acusados el mes pasado y se han declarado inocentes de todos los cargos imputados. Por su parte, De Oliveira también enfrenta cargos por hacer declaraciones y representaciones falsas durante una entrevista con el FBI en enero de 2023.
La defensa de Trump ha rechazado los nuevos cargos, calificándolos como "ridículos" y "una injerencia electoral al más alto nivel". Según un portavoz del magnate republicano, estos intentos forman parte de un continuo esfuerzo del gobierno de Joe Biden por "hostigar al presidente Trump y a quienes lo rodean" y así influir en la carrera presidencial de 2024.
Algunos de los delitos imputados a Trump podrían acarrear una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
La jueza Aileen Cannon ha establecido que el juicio contra Trump por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida comenzará el 20 de mayo de 2024, apenas seis meses antes de las elecciones presidenciales.
El caso sigue siendo objeto de intensa atención tanto dentro como fuera del país, y las consecuencias legales podrían tener un impacto significativo en el panorama político de cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.