La Provincia de Buenos Aires atraviesa una fuerte ola de inseguridad que ha generado tensiones políticas de gran escala. El presidente Javier Milei ha lanzado un ataque directo contra el gobernador Axel Kicillof, exigiendo su renuncia debido a la crisis de seguridad que afecta a la región. Pero esta confrontación va más allá de un simple desacuerdo. Es un choque de poderes, donde la Casa Rosada busca tomar el control para enfrentar el creciente problema de los delitos.
En medio de esta batalla política, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la postura presidencial, señalando que la sociedad de Buenos Aires está pidiendo una intervención urgente. “Nos están llamando a los gritos”, aseguró, refiriéndose a la necesidad de que el Gobierno nacional tome el control sobre la situación. Según Bullrich, las encuestas reflejan que un 80% de la población cree que solo el Gobierno de Milei y el Ministerio de Seguridad nacional pueden solucionar el problema.
Esta ofensiva contra Axel Kicillof ocurre en un contexto delicado, donde la relación entre los gobernadores y el gobierno central se ha ido tensando. En particular, la administración de Milei se enfrenta a un desafío significativo con los gobernadores de la oposición, quienes son clave en la gestión de temas tan complejos como la seguridad. Sin embargo, una intervención en la provincia de Buenos Aires podría tener efectos colaterales importantes para el resto de los mandatarios provinciales.
Si Milei concreta su pedido de intervención contra Kicillof, esto podría sentar un precedente peligroso para los otros 23 gobernadores provinciales. Muchos de ellos enfrentan, en menor o mayor medida, situaciones similares de inseguridad, lo que podría ponerlos en una situación incómoda si deciden alinearse con la postura de la Casa Rosada. Sin embargo, algunos gobernadores ya han mostrado señales de apoyo a la estrategia de seguridad nacional, especialmente aquellos en la Región Centro, como el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro.
Por otro lado, Kicillof ha aprovechado su cercanía con otras provincias para fortalecer su imagen ante la crisis de inseguridad. A través de colaboraciones interprovinciales, como las coordinaciones de seguridad y la lucha contra incendios, ha logrado tejer una red de apoyo que podría ser crucial para resistir la embestida de Milei. Sin embargo, la tensión con el Gobierno nacional sigue latente, especialmente luego de incidentes como el “criptogate”, que ha afectado la imagen presidencial.
La imagen del Congreso vacío será otro reflejo de la fractura entre los gobernadores y la Casa Rosada. En la apertura de sesiones del 1 de marzo, pocos gobernadores asistirán, destacándose la ausencia de Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán, entre otros. Este hecho será un claro indicador de la falta de apoyo político hacia Milei en el contexto de la seguridad, que sigue siendo uno de los temas más críticos de la agenda nacional. Mientras tanto, mandatarios como Llaryora y Pullaro se mantendrán cercanos al Gobierno, pero también aumentarán sus críticas a la administración presidencial si la situación no mejora.
La batalla por el control de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires apenas comienza. Las decisiones de Javier Milei, Axel Kicillof y otros gobernadores definirán no solo el futuro político de la región, sino también el rumbo del país en términos de seguridad y gobernabilidad.
