Un viejo reclamo volvió a la mesa del Congreso, pero la historia detrás todavía no terminó. ¿Por qué los empleados legislativos no pueden elegir libremente su cobertura médica? Dos diputados reabrieron un conflicto que muy pocos se animan a tocar.
En el Congreso, miles de empleados sufren un sistema que les descuenta compulsivamente parte del sueldo para la obra social interna: la Dirección de Ayuda Social (DAS). Muchos quieren elegir otra cobertura, pero están atrapados. No pueden salir, no pueden cambiar. Y eso no es nuevo.
El freno tiene nombre y apellido: la Asociación del Personal Legislativo (APL), comandada por Norberto Di Próspero, histórico líder sindical del Parlamento. La DAS es clave en el esquema de poder, tanto como la imprenta y la biblioteca del Congreso.
Aunque el reclamo lleva años, ahora tomó fuerza gracias a un proyecto presentado por la diputada Marcela Campagnoli y su par Fernando Iglesias. Ellos piden terminar con la retención obligatoria y permitir que cada empleado decida a qué prepaga quiere destinar sus aportes.
Acá es donde se pone espeso. En 2016, la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti ordenó una auditoría sobre la DAS, en medio de denuncias por mala gestión y sospechas de corrupción. Pero esa auditoría nunca salió a la luz.
Empleados que intentaron acceder a la información fueron presionados. Lo denunció Poder Ciudadano. Incluso tuvieron que recurrir a la Justicia. Nadie quiso enfrentarse a Di Próspero, que en esos años ya tenía diálogo directo con todos los sectores, incluso con la gestión de Mauricio Macri, a pesar de los roces públicos.
Paradójicamente, los únicos que no tienen que pasar por esto son los propios diputados y senadores. En 2001 se armaron su propia obra social, OSLERA, y desde entonces no están obligados a aportar a la DAS. Un privilegio que no alcanza al resto de los trabajadores del Congreso.
“Es discriminatorio”, dicen los autores del proyecto. “Viola el principio de igualdad”. Y no falta razón.
Este reclamo abre una puerta importante, pero difícil. Porque nadie quiere pelearse con el gremio. Y mientras tanto, los empleados siguen atrapados. Algunos pagan doble: la DAS obligatoria más una prepaga que sí eligen, para tener atención de calidad.
En los pasillos del Congreso todos saben que hablar de esto puede traer consecuencias. Por eso el silencio fue siempre lo más cómodo.
Pero esta vez, el tema volvió. Y no parece que se vaya tan fácil.
