El Tribunal de Cuentas bonaerense ha dictaminado que la suspensión de la concejal María Inés Ormachea (PRO) fue ilegal, un fallo que pone en jaque a la política local de Nueve de Julio. Esta decisión ha generado un fuerte debate sobre la legalidad de los procedimientos que se emplearon en su contra y las implicancias para la política de la ciudad. ¿Qué significa este fallo para el futuro político de la región?
La controversia comenzó cuando la concejal María Inés Ormachea fue suspendida, una medida que, según el presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante, César García, carecía de base legal. Durante una entrevista en Cadena Nueve, García expresó que ya había advertido sobre la improcedencia del procedimiento, calificándolo de "acto político sin sustento jurídico". Según su análisis, no existía una figura legal que justificara la suspensión, y el proceso se llevó a cabo como si fuera una comisión especial, sin juicio previo.
La medida adoptada contra María Inés Ormachea no solo afectó a la concejal, sino también a su entorno y a la política local en general. El Gobierno de Nueve de Julio celebró la resolución del Tribunal de Cuentas, pero también denunció que se habían vulnerado garantías constitucionales. En este sentido, se llamó a transformar este episodio en "un punto de inflexión" para la política local, subrayando la necesidad de respetar los derechos y la democracia.
La salida de la concejal María Inés Ormachea estuvo vinculada a un intento por parte de La Libertad Avanza de destituir a la intendenta PRO, María José Gentile. César García destacó que el daño ya estaba hecho, no solo a la concejal, sino a su familia y su entorno cercano. Aseguró que este tipo de prácticas políticas no contribuyen a la democracia ni a la calidad de vida de los vecinos de Nueve de Julio.
En un tono conciliador, César García instó a dejar atrás las "mezquindades" de la política y a trabajar juntos para priorizar el bienestar de los vecinos. Afirmó que la política no debe convertirse en una herramienta de persecución, y que el episodio ocurrido no debe repetirse en el futuro.
La decisión del Tribunal de Cuentas de declarar ilegal la suspensión de María Inés Ormachea representa un fuerte golpe a las prácticas políticas que no respetan las normativas legales. El incidente ha dejado claro que la política local debe basarse en principios sólidos y democráticos, sin espacio para maniobras que perjudiquen a los actores involucrados ni a la comunidad en general. Este fallo podría marcar un antes y un después en la política de Nueve de Julio, con un llamado a la unidad y al respeto por las instituciones.
