En los últimos días, el Ministerio de Salud de la Nación se vio envuelto en una disputa interna que promete generar grandes repercusiones para millones de afiliados a obras sociales. A partir del 1 de febrero, más de 1,5 millones de personas serán obligadas a trasladarse a las prepagas, en lo que podría convertirse en una reforma que afecte a todo el sistema de salud argentino. ¿Qué está detrás de esta decisión y por qué generó tanto malestar? Te lo contamos a continuación.
La resolución que ordena este traspaso masivo fue impulsada por una estrategia del gobierno para eliminar lo que denominan “sellos de goma” y la intermediación entre las obras sociales y las prepagas. Sin embargo, esta medida está siendo resistida por varios actores clave del sector, incluido Mario Lugones, quien se encuentra enfrentado con funcionarios del Ministerio de Salud.
Aunque la medida ya fue firmada, Cecilia Loccisano, una de las funcionarias cercanas a Santiago Caputo, quien fue designado para intervenir el Ministerio, no quiso rubricar la resolución. Esto se debe a que, según algunos rumores, Lugones habría intentado forzar la decisión, buscando posicionarse frente a Santiago Caputo y Gabriel Oriolo, quienes también tienen sus propias conexiones con el sector privado, especialmente con las prepagas. En este contexto, surge una interrogante: ¿la decisión de modificar el sistema de salud está más relacionada con intereses personales que con el bienestar de los afiliados?
El traspaso afectará a alrededor de 6 millones de personas, pero especialmente a aquellos afiliados que ya están cubiertos por una obra social y ahora deberán ser trasladados a una prepaga. Las obras sociales no solo perderán los aportes de las personas que son obligadas a cambiarse, sino que también enfrentarán una grave crisis económica, ya que deberán asumir tratamientos que ya fueron pagados con meses de anticipación, pero no recibirán los aportes correspondientes.
Lo más preocupante para los trabajadores y usuarios de las obras sociales es que, aunque muchos tratamientos ya están en marcha, la falta de recursos podría generar complicaciones en la cobertura de servicios médicos. Además, la situación también podría llevar a algunas obras sociales a la quiebra.
Los funcionarios como Gabriel Oriolo, superintendente de Servicios de Salud, se han mostrado renuentes a firmar la resolución. Su cercanía con Osde, una de las principales prepagas del país, ha generado sospechas sobre posibles conflictos de interés. Además, la decisión recayó en el director de la Unidad Gabinete de Asesores, Roberto Olivieri, quien, según expertos, no tiene la autoridad necesaria para tomar medidas de esta magnitud.
La resolución ya fue firmada, pero la controversia sigue abierta. Los gremios están preparando denuncias penales por abuso de autoridad y defraudación, mientras que las prepagas y las obras sociales siguen en pie de guerra. Esta disputa interna dentro del Ministerio de Salud está lejos de resolverse y los afiliados se mantienen expectantes ante un futuro incierto en cuanto a su cobertura médica.
Si bien esta resolución podría marcar el fin de una era para las obras sociales, el debate sobre su implementación y los intereses detrás de ella está lejos de terminar. ¿Qué implicaciones tendrá esta medida para los afiliados? ¿Cómo afectará a las obras sociales y a las prepagas? Solo el tiempo lo dirá.
