La crisis política en Nicaragua se profundiza con la intervención policial en el Poder Judicial del país, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. En este operativo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, fue destituida, junto con la magistrada Yadira Centeno González. Además, funcionarios clave del Poder Judicial fueron apresados.

Este incidente es parte de una serie de acciones que han planteado dudas sobre la salud del presidente Daniel Ortega y sobre quién realmente está controlando el país. La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, ha asumido un papel central en la toma de decisiones, incluyendo el manejo de varios ministerios y dependencias gubernamentales.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, que cuenta con una mayoría oficialista, ha otorgado más poderes a la Procuraduría General de la República, en detrimento de la Corte Suprema de Justicia. Esta jugada oficial parece estar dirigida hacia un mayor dominio de Rosario Murillo sobre los poderes del Estado.

El complejo de poder que la pareja Ortega-Murillo ejerce sobre el país ha llevado a una profunda desconfianza en los círculos gubernamentales y políticos intervenidos. A medida que la salud de Daniel Ortega se convierte en una incógnita, las acciones de Rosario Murillo parecen estar orientadas hacia asegurar la sucesión en el poder y mantener un control absoluto del país.

La situación en Nicaragua ha llevado a diferentes interpretaciones, con algunos considerando que esta intervención policial es un "golpe de estado interno", mientras que otros la ven como una continuación de la concentración de poder en manos de la pareja Ortega-Murillo. La falta de separación de poderes y la creciente centralización del poder en el país plantean serias preocupaciones sobre el futuro de Nicaragua y su sistema político.