Cuando la mayoría escucha en los medios audiovisuales o lee la palabra “lawfare”, automáticamente cambia de señal o pasa de página. Es inevitable, tras años de una letanía lejana a la realidad de millones de argentinos en la práctica, pero que afecta a todos de una u otra manera.
Cómo explicarle a usted que lee estas líneas, que un grupo de fiscales diagramó junto con su jefe, un plan sistemático de persecución contra dirigentes políticos, por ejemplo el intendente de Ensenada, Mario Carlos Secco.
Por qué, se preguntará usted con razón, estos servidores de la ley cruzaron ese umbral ya no solo en lo ético, sino que se convirtieron lisa y llanamente en delincuentes. La respuesta es aún más complicada que lo aparente: no solo fueron tras los “políticos” que les asignaron erradicar, sino que con ello, buscaban disciplinar a la sociedad mediante el ejemplo.
A casi tres años de la finalización del gobierno que utilizó a la justicia para demoler la imagen de los opositores circunstanciales, nada ha cambiado en el seno del Poder Judicial y al parecer, en lo inmediato nada cambiará tampoco.
Solo resta esperar que aquellos pocos jueces dignos que aun existen en el poder rector del Estado, no se amilanen ni sean asimilados por lo que aparenta ser una restauración conservadora como nunca antes vimos desde Juan Manuel de Rosas.
U$S 95 millones y anda por la calle
Otro nuevo escándalo judicial vuelve a salpicar al Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. En este caso, el jefe de los fiscales bonaerenses enfrenta una denuncia por presunto encubrimiento de actos de corrupción llevados a cabo por ex funcionarios de Cambiemos.
La acusación fue presentada ante el Tribunal Federal N°1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla (foto superior), por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González (foto inferior).
La diputada provincial del Frente de Todos denunció a Conte Grand por "encubrir" una supuesta malversación de fondos por US$ 95 millones que involucra también al ex interventor del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevilla (foto inferior), a fiscales provinciales y hasta a ex agentes de la AFI.
La acusación habla concretamente de "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas".
Además de Capdevila, están señalados el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta (foto superior); los funcionarios de la Procuración, Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés; y el ex coordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Ricardo René López.
Según la diputada González, Conte Grand llevaba adelante acciones de "persecución judicial y armado de causas contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal".
La denuncia asegura que el actual Procurador reestructuró el Ministerio Público provincial, para centralizar bajo su dependencia directa todas las actuaciones disciplinarias seguidas a los fiscales bonaerenses, con el objetivo de premiar a quienes le respondían políticamente y presionar a aquellos que no.
“El disciplinamiento direccionado a proteger a funcionarios afines y perseguir a Agentes Fiscales independientes, se utilizó además para asegurar la impunidad de distintos hechos de corrupción”, reza el texto presentado ante la Justicia Federal.
Gonzalez acusa a todos los implicados en la denuncia, por los delitos de "exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita".
Según la diputada ensenadense, esos hechos “se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Procuración General, Agentes Fiscales, con la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General”.
La dirigente enmarcó sus acusaciones en un entramado mayor y más general, denominado como "la Mesa Judicial bonaerense" o "Gestapo Antisindical" (foto superior). En ese sentido, resaltó un hecho particular de presunta corrupción "que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago".
González aseguró que el fiscal actuante en esa causa, decidió investigar y acusar a los sindicalistas de ATE, en lugar de ahondar en un "hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Río Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares”.
Mientras tanto, el pedido de juicio político contra Conte Grand impulsado por el Frente de Todos a principio de año, se encuentra trabado en la Legislatura bonaerense debido al rechazo de los legisladores de Juntos y otros sectores de la oposición.
