VISIÓN POLÍTICA

La región de América Latina y el Caribe ha experimentado un notable aumento en la población migrante en las últimas décadas. Según un informe conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región pasó de hospedar a 7 millones de personas migrantes en 1990 a casi 15 millones en 2020.

Una de las principales causas de este crecimiento es la crisis migratoria en Venezuela, que ha generado el éxodo más significativo de los últimos 50 años en el Hemisferio Occidental. Alrededor de 6,8 millones de personas venezolanas han emigrado, y más del 80% de ellas se han ubicado en países de América Latina y el Caribe, especialmente en América del Sur.

La migración venezolana ha presentado desafíos y oportunidades para los países receptores, como Chile, Colombia y Perú, países que no tradicionalmente eran importantes receptores de migrantes, se han convertido en destinos significativos para la población migrante.

En Colombia, la actitud hacia los migrantes venezolanos es especialmente negativa, con un alto porcentaje de la población que considera que la llegada de migrantes es perjudicial en términos económicos, sociales y de seguridad.

En el caso de Perú, la llegada masiva de migrantes venezolanos ha llevado a la implementación de programas extraordinarios de regularización migratoria. Sin embargo, estos programas han generado barreras para la movilidad y la regularización de la población migrante, así como limitaciones en el ejercicio de sus derechos.

En Ecuador, se implementaron medidas más restrictivas en respuesta a la migración venezolana, como la exigencia de pasaporte y visa. En este país, las mujeres representan la mayoría de las personas migrantes venezolanas, y muchas de ellas tienen niveles educativos secundarios y universitarios.

Sin embargo, las condiciones laborales para la población migrante son precarias, con un bajo porcentaje de contratos formales y salarios inferiores al mínimo. La actitud de la población local hacia las personas migrantes es un factor determinante en el proceso de integración.

Según el informe del BID y el PNUD, las encuestas de opinión pública indican que en general, el 62% de la población de América Latina y el Caribe no está de acuerdo con recibir a migrantes venezolanos. En Colombia, este porcentaje es aún mayor, con el 79% de la población en contra de recibir migrantes provenientes de Venezuela.

A pesar de los desafíos que representa la migración, los nuevos flujos migratorios también presentan oportunidades para el desarrollo de la región. La diversidad cultural y el aporte económico de los migrantes pueden generar beneficios en términos de crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, es necesario abordar los retos concretos y tangibles, como la xenofobia y la percepción pública negativa hacia las personas migrantes. La migración en América Latina y el Caribe requiere de políticas públicas que fomenten la integración, el respeto de los derechos humanos y la promoción de una actitud más positiva hacia los migrantes.

Es fundamental trabajar en la creación de mecanismos que faciliten la regularización migratoria, la inserción laboral y la inclusión social de las personas migrantes. Además, se deben implementar estrategias de sensibilización y educación que promuevan la valoración de la diversidad y la contribución de los migrantes al desarrollo de la región.