Con un allanamiento a la sede nacional del Sindicato de Camioneros, cobró nuevo impulso la causa por el bloqueo y la extorsión a Distribuidora Rey, de San Pedro, que derivó en la detención de dos gremialistas de San Nicolás. El procedimiento fue dispuesto por la jueza María Eugenia Maiztegui, por pedido de la Fiscalía Nº 7 de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani, y apunta a comprobar si existe una presunta deuda de la empresa reclamada por los dirigentes nicoleños y que dio origen a la protesta sindical que impidió el ingreso y salida de camiones.

En realidad, la delegación del Ministerio de Trabajo en San Nicolás acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Hugo Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto.

Por eso se dispuso el allanamiento para secuestrar la información correspondiente. Los abogados de la familia Rey, liderados por Florencia Arietto, consideran que este procedimiento judicial es clave para la causa porque si no se logra acreditar la deuda, la acusación de coacción, que tiene una pena máxima de 4 años, pasaría a ser extorsión, con un máximo de 10 años, y así se agravaría la situación judicial de los dos detenidos, Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos, y Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio, quienes se entregaron a la Justicia el 8 de abril pasado.

Ambos están acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra la empresa de San Pedro.

Para los abogados de Distribuidora Rey, en caso de que no se encuentre documentación que pruebe la deuda también pedirán a la Justicia que se profundice la investigación para determinar si hubo complicidad de los funcionarios de Trabajo con el Sindicato de Camioneros. Y, además, será una forma de apuntar a la responsabilidad del gremio a nivel nacional, conducido por Hugo Moyano, por haber firmado y recibido cheques de una empresa por una deuda que no existía.

El fallo de la juez de Garantías de San Nicolás, dictado el 30 de marzo, fue inédito porque hasta ese momento nunca se había ordenado la detención de los responsables de los bloqueos sindicales, que se han generalizado en todo el país.

La orden de detención de Cabaleyro y Espíndola se concretó una semana más tarde luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal desestimó el pedido de eximición de prisión efectuado por los acusados y, de esa manera, dejó en firme el fallo que había dispuesto su arresto.

Cabaleyro y Espíndola protagonizaron en febrero de 2021 el bloqueo a una empresa familiar de la ciudad bonaerense de San Pedro, que funciona desde 1989 y tiene 35 empleados, y la Justicia, además de considerar que son responsables del bloqueo, encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

Luego de entregarse a la Justicia, el Sindicato de Camioneros de San Nicolás dispuso un paro que afectó la recolección de residuos durante 48 horas y un bloqueo de esa ciudad bonaerense. La drástica medida fue rechazada por el intendente Manuel Passaglia, de Juntos, quien denunció que el distrito que administra era “rehén de los Moyano” y amenazó con municipalizar el servicio de recolección de residuos, luego de lo cual los gremialistas levantaron la protesta.

La empresa de San Pedro que fue bloqueada es una distribuidora de productos alimenticios cuyo dueño, Ricardo Rey, de 70 años, se hizo conocido cuando se viralizó un video que se filmó en medio del hostigamiento sindical y luego de una nueva inspección a su pyme realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”, dijo, entre lágrimas.

Según Ariel Rey, hijo del dueño, el conflicto se origina cuando el sindicato les exige pasar a los 35 empleados a su convenio. “Pero nos dijeron que si los pasábamos a todos juntos nos pueden reclamar millón y medio de pesos por empleado. Así que si colaborábamos con ellos e íbamos pasando de a uno, se podía hacer en paz. Nosotros accedimos”, afirmo.