La decisión de YPF de contratar a ingenieros españoles para la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur desató una ola de críticas entre profesionales argentinos. Sin embargo, esta no es la única fuente de tensión: el freno a la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei también genera preocupación y malestar en el sector.
¿Qué impacto tiene esta decisión en la economía local y por qué los ingenieros expresan su descontento? La respuesta revela un escenario de incertidumbre que amenaza tanto al empleo como al desarrollo de infraestructura en la región.
La petrolera estatal YPF adjudicó un contrato por USD 440 millones a la firma española Técnicas Reunidas. El acuerdo incluye servicios de ingeniería, compras y gestión de la construcción de una terminal de almacenamiento y despacho de hidrocarburos en Punta Colorada, Río Negro.
Esta decisión generó rechazo inmediato entre los proveedores e ingenieros locales, que denunciaron no haber sido convocados para presentar ofertas. Desde el Colegio de Ingenieros bonaerense expresaron: "Nos llama poderosamente la atención que no se considere a profesionales argentinos, cuando contamos con la capacidad y experiencia necesarias para este tipo de proyectos". Además, destacaron que muchos colegas argentinos ya trabajan en proyectos internacionales, incluyendo España.
El descontento también está vinculado al contexto político. Técnicas Reunidas fue una de las empresas invitadas a una reunión con Javier Milei en mayo del año pasado, durante su visita a Madrid para participar de un acto del partido Vox. Esta conexión genera sospechas sobre la transparencia del proceso de contratación.
Más allá de Vaca Muerta Sur, el freno a la obra pública es otro foco de conflicto. El Colegio de Ingenieros bonaerense alertó sobre la "reducción total del financiamiento público", que está provocando la paralización de obras y licitaciones en curso. Esta situación afecta directamente a la economía local, generando despidos y dejando a muchos proyectos inconclusos.
La falta de inversión no solo impacta en el empleo, sino que también encarece las obras en marcha. "El deterioro de infraestructuras ya iniciadas representa costos adicionales significativos. Esperar para invertir sería un error grave", afirmaron desde el Colegio.
La preocupación también se extiende a los municipios, que buscan alternativas de financiamiento para finalizar obras paralizadas tras la asunción de Milei. "Esta política ha generado el peor de los escenarios: la incertidumbre. Es fundamental que el gobierno defina un rumbo claro a la brevedad", concluyeron los ingenieros.
La combinación de decisiones políticas y falta de definiciones en materia de obra pública está generando un panorama crítico en el sector de la construcción e ingeniería en la provincia de Buenos Aires y el país. El desenlace de esta situación será clave para el futuro del desarrollo de infraestructura en Argentina.
