El proyecto para modificar la ley que regula la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) será tratado este martes en el Congreso. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de las bancadas de Miguel Pichetto y Facundo Manes, busca cambiar la legislación vigente desde 2006. La oposición espera una victoria con alrededor de 135 votos a favor, lo que incluye al pichettismo, los radicales, el peronismo, la izquierda y algunos provinciales.

Martín Menem, ante la inminente derrota parlamentaria, ha dado licencia a dos legisladoras de su bloque para que se ausenten. Rocío Bonacci está en Estados Unidos por un seminario, mientras que Marcela Pagano atraviesa un embarazo avanzado. Aunque Menem no comenta públicamente, se sabe que está pidiendo que ambas mantengan un "contacto atento" hasta fin de año.

A pesar de la aparente derrota, el oficialismo se concentrará en evitar que el proyecto llegue al Senado. Victoria Villarruel, Vicepresidenta y presidenta del Senado, tendría la responsabilidad de frenar su tratamiento. De no ser así, la discusión se prolongaría hasta 2025, un año con poca actividad legislativa debido a las elecciones.

El Senado será clave para la oposición, que apuesta a aprobar el proyecto en la Cámara Alta. Si esto ocurre, el proyecto sería enviado al Ejecutivo para su promulgación, aunque se espera que Javier Milei lo vete. La situación se complica con las tensiones dentro del PRO, ya que Mauricio Macri pide un acuerdo público con Milei para las elecciones del próximo año.

Desde el entorno de Menem, se optó por el silencio sobre la disputa política. Sin embargo, el riojano se expresó en Twitter, afirmando que la ley que regula los DNU tiene casi 19 años de vigencia y que aquellos que la critican ahora fueron los mismos que la utilizaron cuando gobernaban. Menem acusa a sus opositores de priorizar intereses personales por encima de los de la gente.

El proyecto que se debate propone que un DNU pueda ser anulado con el rechazo de una sola cámara del Congreso. Esto modificaría el sistema actual, donde se requiere el rechazo de ambas cámaras para invalidar un DNU. Los miembros del PRO y sus aliados consideran que el gobierno de Milei ha gobernado en gran parte a través de decretos y que la modificación de esta ley tiene un claro objetivo político.