El proceso para designar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia está envuelto en tensiones políticas y negociaciones frustradas. La decisión de Javier Milei de no avanzar por decreto con estas designaciones y buscar consenso en el Senado genera intriga sobre el futuro de los candidatos y el impacto en la justicia argentina.
Fuentes del Ejecutivo confirmaron que el Gobierno busca tratar los pliegos en sesiones extraordinarias, enfrentándose al rechazo del interbloque peronista liderado por José Mayans y Juliana di Tullio. Si bien Ariel Lijo habría conseguido el aval necesario en la Comisión de Acuerdos, su aprobación en el recinto está lejos de ser segura. Con 33 senadores opositores listos para bloquear su designación, el oficialismo enfrenta un desafío estratégico importante.
Por otro lado, la situación de García Mansilla es aún más delicada. Este académico, con vínculos en la Universidad Austral y señalado por su cercanía al sector petrolero, no logró ni siquiera las firmas necesarias para que su pliego avance al Senado. Desde sectores judiciales sostienen que el Gobierno se mantiene firme en su postura: "A los dos o a ninguno".
El panorama cambió drásticamente cuando Cristina Kirchner decidió frenar el avance del pliego de Lijo en el Senado. Este movimiento profundizó las divisiones internas en el oficialismo y paralizó cualquier posibilidad de consenso. La estrategia de la Casa Rosada, liderada por Santiago Caputo, se desmoronó, generando tensiones con Horacio Rosatti, presidente de la Corte, y otros miembros del tribunal.
En paralelo, Rosatti, junto a Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, tomó medidas para limitar la influencia del Ejecutivo en el proceso, asegurando su control durante el receso judicial y agilizando la intervención de conjueces en casos clave.
Los rumores sobre un posible decreto para designar a Lijo y García Mansilla surgieron desde el entorno libertario. Sin embargo, según fuentes internas, Milei optó por no avanzar unilateralmente, priorizando la construcción de acuerdos. Esta postura contrasta con las tensiones crecientes entre La Libertad Avanza y el PRO, que complican cualquier alianza legislativa.
Un diputado libertario reveló que el decreto estaba listo, pero que Milei no lo firmó por falta de respaldo político suficiente. Este dilema refleja las complejas dinámicas entre las distintas fuerzas que conforman el Congreso y la presión interna dentro del oficialismo.
En el Senado, los problemas no son iguales para ambos candidatos. Mientras que Lijo cuenta con el respaldo de algunos sectores opositores, García Mansilla enfrenta resistencias tanto en el oficialismo como entre los aliados. Desde la UCR, aseguran que la mayoría de sus legisladores están dispuestos a votar por Lijo, mientras que sectores del PJ también trabajan para garantizar su aprobación.
El desenlace de este proceso marcará un precedente importante para el gobierno de Javier Milei y su relación con la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, el futuro de ambos candidatos sigue siendo incierto, dejando abierta la intriga sobre los próximos pasos en esta disputa política.
