En las últimas horas, los nombres de Jairo Guzmán y Lucas Oyarzo Mansilla se han visto involucrados en un escándalo que ha tomado relevancia en Santa Cruz. Ambos fueron denunciados ante el Ministerio Público Fiscal por la presunta apropiación indebida de bienes públicos, lo que podría afectar gravemente su reputación y carrera.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal de Río Gallegos, y a continuación te explicamos todos los detalles de este caso que ha generado gran interés en la comunidad. ¿Cómo están relacionados con el PAMI y qué se les acusa?
Según el escrito presentado, Lucas Oyarzo Mansilla, actual coordinador de Políticas Sociales, está siendo acusado de haber sustraído cámaras de seguridad que fueron adquiridas por el PAMI al proveedor RFC. Lo más polémico es que esas cámaras no fueron utilizadas para el propósito para el que fueron compradas, sino que fueron instaladas en su domicilio particular y en un local partidario de La Libertad Avanza, un partido político con el que tiene vínculos.
Además de esta denuncia, hay una segunda que involucra a Jairo Guzmán, el director de PAMI en Santa Cruz, quien también está acusado junto con Oyarzo Mansilla de haber robado mobiliario institucional. Entre los objetos que habrían sido sustraídos se encuentran ficheros y sillas, los cuales habrían sido llevados a diferentes locales partidarios de La Libertad Avanza.
Este no es el primer problema legal que enfrenta Jairo Guzmán. Hace meses, fue denunciado por el presunto cobro de retornos, una acusación que fue presentada por Sergio Torres, ex titular de la delegación del PAMI en Caleta Olivia. Esta nueva denuncia sobre el robo de bienes públicos solo agrava aún más su situación y podría tener repercusiones serias en su carrera.
El Ministerio Público Fiscal está ahora a cargo de la investigación, y si se comprueba que Lucas Oyarzo Mansilla y Jairo Guzmán realmente cometieron estos delitos, podrían enfrentar consecuencias graves, como sanciones administrativas o incluso procesamientos judiciales. Esto no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también pone en duda la transparencia y la gestión dentro de organismos públicos clave como el PAMI.
Este caso ha trascendido más allá de las fronteras de Río Gallegos, ya que la gravedad de las acusaciones pone en evidencia posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos. Mientras tanto, la ciudadanía y los medios de comunicación seguirán de cerca la evolución de la denuncia, esperando que se llegue a una resolución justa y clara.
Las próximas semanas serán clave para saber qué pasará con Lucas Oyarzo Mansilla y Jairo Guzmán. Estaremos atentos a nuevos avances en la investigación, que podrían cambiar el rumbo de esta historia.
Este tipo de situaciones nos recuerda la importancia de la transparencia en la administración pública y cómo cada acción de quienes ocupan cargos de responsabilidad puede tener un impacto directo en la confianza de la sociedad.
