Carlos “El Indio” Castillo, Mario “Churrasco” Sandoval, Ernesto Etchart, Gonzalo Sánchez y Eduardo Ramos encabezan una ofensiva judicial contra periodistas críticos. A través de denuncias por “calumnias e intimidación pública”, los genocidas presos han dado un giro estratégico en su búsqueda por frenar la visibilización de sus casos, respaldados por un entramado legal político y apoyos externos. Con sus acciones, intentan obstaculizar el trabajo informativo que pone en foco sus privilegios, acciones y vínculos.
Desde la cárcel, estos represores presentaron una denuncia contra el periodista Mauro Federico y la cronista Ivy Cángaro, sumando una estrategia de presión judicial con tintes políticos y mediáticos. El expediente FSM 30961/2024, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4, evidencia cómo estos actores buscan configurar una narrativa de víctimas en un contexto de aparente debilidad judicial y cambios políticos favorables.
La denuncia forma parte de un plan mayor donde los implicados intentan recuperar el control político a través del lobby y la presión en distintos niveles judiciales. Estos esfuerzos están vinculados a figuras políticas como Javier Milei, Victoria Villarruel y sectores liberales que apoyan la flexibilización de condiciones para represores por delitos de lesa humanidad. La Agrupación "Justicia y Concordia", con figuras como Enrique Munilla Lacasa y Ricardo Saint Jean, lidera el impulso legal que busca lograr el acceso a la prisión domiciliaria de muchos de estos individuos.
Además, estos intentos se apoyan en pedidos de hábeas corpus por parte de grupos pro-dictadura como Afavita y el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Estas organizaciones afirman que las condiciones de detención han empeorado y que los implicados no están siendo beneficiados por mecanismos internacionales de protección.
Según información recopilada por expertos como Luciana Bertoia, los abogados de la Agrupación “Justicia y Concordia” buscan esquivar la justicia federal para impulsar sus intereses en la justicia ordinaria, específicamente a través de la Cámara del Crimen. En este escenario, los jueces como Martín Yadarola se han visto envueltos en fallos contradictorios, con decisiones clave que terminaron siendo rebatidas por otras instancias judiciales.
La estrategia de presión incluye reuniones vía Zoom con la CIDH, una vía que, si bien no es ampliamente favorable a sus planteos, refleja el nivel de despliegue de los represores para consolidar su objetivo de volver a sus hogares mediante beneficios judiciales.
El caso también incluye tensiones internas entre abogados y estrategias mixtas para dividir el impacto judicial en múltiples frentes. En una maniobra poco vista, figuras como Eduardo Riggi y Agustina Díaz Cordero participaron de la estrategia legal en un inicio pero se habrían desmarcado de las acciones más recientes. No obstante, esto no impide que otros actores políticos continúen apoyando el lobby con vistas a modificar el acceso a prisión domiciliaria.
En este contexto, se destacan prácticas cuestionables, como el uso de habeas corpus en instancias judiciales donde la competencia es limitada. Esto demuestra que la estrategia legal de estos presos por lesa humanidad no solo es una batalla jurídica, sino también una guerra política.
Mientras el caso judicial se dirime en distintos estrados, los presos aprovechan su tiempo en el penal para reforzar su influencia a través de redes sociales y prácticas de intimidación. En la Unidad 34 de Campo de Mayo, actividades como el uso de gimnasios, la participación en cursos de historia y filosofía o la práctica de deportes son parte de su rutina diaria. Sin embargo, una práctica más inquietante es la operación mediática y digital a través de cuentas en redes sociales como X (antes Twitter) bajo el nombre “Los Muertos Vivos”, con el objetivo de hostigar periodistas y silenciar voces críticas.
Este nivel de presión no solo se limita a intimidar con discursos, sino que también tiene implicaciones legales y políticas en un contexto donde el desgaste judicial y el lobby político buscan alterar el equilibrio de poder en el sistema judicial argentino.
El intento de estos represores por apretar a periodistas y acceder a beneficios judiciales refleja un momento complejo en la política argentina. Con el apoyo de sectores políticos y una red de abogados activos en la región, los genocidas presos buscan recuperar sus privilegios mientras luchan contra un contexto de exposiciones mediáticas que los ponen en la mira de la justicia.
El próximo jueves, la Cámara del Crimen analizará nuevas audiencias para determinar el futuro de estos beneficios. Mientras tanto, periodistas y expertos continuarán alertando sobre el poder de estas redes, el lobby político y las presiones que buscan borrar las sombras de la historia reciente.
